La investigación prevé el secuestro de celulares, registros de IP y el cruce de datos con redes sociales, para determinar si existió un fraude a la administración pública.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, presentó este martes una denuncia penal por defraudación a la administración pública contra los implicados en el Examen Único de Residencias Médicas 2025. La acción judicial responde a cambios abruptos en los resultados y a la viralización de un video donde se observa a un postulante filmando la prueba con uno de sus anteojos con cámara oculta.

El primer caso que despertó las sospechas de la coordinación externa fue la de un médico ecuatoriano que obtuvo un puntaje de 92 puntos sobre 100, mientras que su rendimiento previo había sido de apenas 43/100. Se rastreó el uso de dispositivos tecnológicos, como anteojos con cámara y auriculares, que permitían transmitir las preguntas a terceras personas fuera del aula mediante plataformas como Telegram o WhatsApp.

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo públicamente: “El que las hace, las paga”, mientras que el ministro Mario Lugones enfatizó: “Desde el Ministerio de Salud no vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos”. Lugones remarcó que detrás de cada médico hay pacientes que merecen atención responsable y que defender el mérito garantiza calidad y compromiso.

El Ministerio anuló un total de 268 exámenes sospechosos donde se registraron puntajes inusualmente altos. De los afectados, 141 postulantes fueron convocados a rendir nuevamente el examen el 7 de agosto, mientras que 127 quedaron eximidos al no detectarse irregularidades. Además, se implementó una nueva modalidad escrita, con estrictos controles de acceso, uso exclusivo de tinta negra y prohibición total de dispositivos electrónicos durante la evaluación

La causa se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y contempla investigar a todos los implicados, incluidas aquellas personas que colaboraron con el fraude externo. Está previsto el secuestro de celulares, registros de IP, y el cruce de datos con redes sociales y empresas de telefonía para identificar a organizadores y cómplices potenciales.