Bernardo Heredia, actual subsecretario de Recursos Hídricos, fue nombrado presidente de la Agencia de Planificación, organismo clave en la futura concesión de AySA.

En medio del avance hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno nacional designó formalmente a la autoridad que tendrá en sus manos la aprobación de nuevas obras en la red de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de Bernardo Bartolomé Heredia, actual subsecretario de Recursos Hídricos, quien fue nombrado presidente de la Agencia de Planificación (APLA), el ente encargado de coordinar la expansión y mejora del servicio prestado por la empresa.

La designación fue oficializada este jueves mediante el Decreto 553/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Heredia ejercerá el nuevo cargo con carácter “ad honorem”, en simultáneo con su actual función como subsecretario.

Este movimiento se da en un contexto clave: el proceso de apertura del capital de AySA a manos privadas ya está en marcha. La Agencia de Planificación —creada durante la gestión kirchnerista— será uno de los organismos que continuará funcionando como regulador técnico y coordinador de las futuras obras, incluso una vez que la empresa pase a control privado, según el modelo planteado por el Gobierno.

Bernardo Bartolomé Heredia.

De acuerdo a la web oficial de APLA, el organismo tiene la facultad de aprobar los proyectos presentados por la concesionaria del servicio y definir su ejecución, lo que incluye la elaboración y seguimiento de las obras. Es decir, su rol será central no sólo en esta etapa de transición, sino también en el modelo que el Ejecutivo proyecta a futuro.

El desembarco de Heredia en la APLA refuerza el plan del Gobierno de consolidar un equipo técnico que acompañe la transformación de AySA.

Avanza el plan de privatización

Con la publicación de los decretos 493 y 494, el Poder Ejecutivo modificó el marco regulatorio de AySA y autorizó su privatización total. Esta reforma habilita la venta parcial del paquete accionario a través de una licitación y otra parte mediante oferta pública en el mercado de capitales.

Actualmente, el 90% de las acciones de AySA están en manos del Estado nacional —específicamente del Ministerio de Economía— y el 10% restante pertenece a los trabajadores de la empresa, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

Según explicaron desde la Casa Rosada, el proceso de privatización apunta a revertir la dependencia financiera que la empresa estatal ha tenido del Tesoro durante los últimos años. Entre 2006 y 2023, AySA demandó transferencias por US$ 13.400 millones, una cifra que el Ejecutivo considera insostenible en el actual contexto fiscal.

“La crisis económica actual limita la capacidad del Estado para sostener y expandir servicios públicos de manera eficiente”, justifica el Gobierno en los fundamentos del DNU.

A pesar de la aceleración normativa, los tiempos operativos serán más extensos. Desde el Ministerio de Economía estiman que la licitación para el ingreso de privados se lanzará hacia fin de año y que la adjudicación se concretaría recién durante 2026, cuando el esquema regulatorio ya esté adaptado.