Ante el incumplimiento de pago, el juez Jorge Gorini habilitó el inicio de la ejecución patrimonial, en medio de una fuerte disputa por el cálculo del monto y el alcance sobre bienes donados a sus hijos.

El plazo para que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad abonaran la multa millonaria impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2 venció hoy a las 9:30 de la mañana. Según confirmaron fuentes judiciales, ninguno de los nueve implicados realizó el depósito correspondiente, por lo que la Justicia está habilitada para iniciar la ejecución de bienes.

La medida alcanza a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a otros seis condenados por fraude al Estado a través de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

La multa, fijada en concepto de “reparación económica al Estado”, asciende a cifras millonarias que varían según la responsabilidad de cada imputado en el esquema de corrupción comprobado. Para Cristina Kirchner, el monto supera los 500 millones de pesos, mientras que en el caso de otros condenados, las cifras oscilan entre los 100 y los 300 millones.

Al no haberse cumplido con el pago voluntario dentro del plazo legal, el tribunal podrá disponer el embargo y posterior remate de propiedades, vehículos u otros activos para cubrir las sumas adeudadas. La ejecución será coordinada con el área de ejecución de sentencias del Poder Judicial y podría incluir bienes personales y societarios.

La causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de más de 50 contratos de obra pública en favor de Báez entre 2003 y 2015, derivó en una condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner y penas de distinta magnitud para el resto de los acusados. La sentencia fue apelada y aún no está firme, pero el pago de la multa es exigible de forma inmediata, en paralelo a la tramitación de los recursos.

Fuentes cercanas a la defensa de la ex vicepresidenta anticiparon que buscarán frenar la ejecución mediante una presentación judicial, argumentando que el monto es “desproporcionado” y que la sentencia todavía no cuenta con confirmación definitiva de la Corte Suprema. Sin embargo, el tribunal ya advirtió que la mora habilita el embargo automático.

Este nuevo capítulo en el expediente se da en un contexto de fuerte tensión política, en medio de la disputa por la agenda judicial y el avance de causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas.