La Casa Rosada busca despegarse del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios comprometedores. El oficialismo analiza denunciarlo en la Justicia mientras aguarda definiciones del juez Casanello y el fiscal Picardi.
La filtración de audios que exponen a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sacudió a la gestión de Javier Milei y abrió una crisis interna que el oficialismo intenta contener. En los audios, el exfuncionario —abogado de confianza y amigo del Presidente— habla de supuestos pedidos de coimas y menciona a dirigentes cercanos al núcleo duro libertario.
Frente a la magnitud del escándalo, el Gobierno decidió tomar distancia. En la Casa Rosada se discute la posibilidad de presentar una denuncia contra Spagnuolo por no haber llevado sus acusaciones a la Justicia y, en cambio, difundirlas en una conversación privada que terminó en manos de la prensa. La estrategia apunta a desacreditarlo y, al mismo tiempo, mostrar colaboración con la investigación en curso.
En paralelo, el oficialismo busca blindar a los nombres señalados, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, hombre de máxima confianza de la familia Milei. Fuentes cercanas al Presidente reconocen que se trata de uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde su llegada al poder.
El propio Javier Milei se reunió de urgencia en la Casa Rosada junto a su hermana Karina, Santiago Caputo, Manuel Adorni y el propio Menem para definir los pasos a seguir. Por ahora, la única decisión ejecutada fue desplazar a Spagnuolo de su cargo, bajo el argumento de que “se aparta hasta que se esclarezcan los hechos”.
El caso ya está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes analizan el material y no descartan citar a indagatoria al extitular de la ANDIS. En el expediente también se constituyó como querellante el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, lo que agregó un condimento político al proceso judicial.
Mientras tanto, la comunicación oficial quedó bajo estricta reserva. El vocero presidencial suspendió su habitual conferencia de prensa y evitó dar declaraciones, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único que deslizó una opinión pública: “Si un funcionario tiene pruebas de que otro pide coimas, debe presentarlas en la Justicia”.
Dentro del oficialismo, el malestar es evidente. En privado, dirigentes admiten que el episodio provocó nerviosismo y desconfianza entre las distintas facciones que conviven en el Gobierno. Aunque desde el inicio de la gestión se había pactado una tregua interna, la acusación contra los hermanos Menem amenaza con reavivar viejas tensiones.
Por estas horas, todas las miradas están puestas en lo que resuelva la Justicia. Si Spagnuolo ratifica sus dichos ante el juez, la situación podría escalar y comprometer aún más al Gobierno. Si, en cambio, se considera que no aportó pruebas concretas, la estrategia será avanzar con una denuncia en su contra para despegar definitivamente al oficialismo del caso.
Hasta entonces, en la Casa Rosada la orden es clara: silencio absoluto puertas afuera y deliberaciones puertas adentro. El objetivo es evitar que la crisis escale mientras la investigación judicial define los próximos capítulos de un escándalo que ya marcó a fuego el primer año de gestión libertaria.
Cronica del Noa 
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