Los bloques opositores quieren darle un nuevo golpe al Gobierno con un proyecto de ley en el que los decretos tengan que ser aprobados por ambas cámaras. También impulsan cambios en las comisiones que los analiza.

La oposición en el Senado avanzó con un dictamen que propone modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), hasta ahora un instrumento político clave para el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto cambia las condiciones de aprobación de los decretos y establece que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo, encargada de analizarlos, quede bajo control de la oposición. En caso que esta iniciativa prospere en la Cámara Alta, supondría una fuerte limitación para la Casa Rosada.

El dictamen fue impulsado por la senadora que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas, con la intención de unificar los seis proyectos sobre esta materia que tienen estado parlamentario en la Cámara Alta.

“Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea d ela separación de poderes y funciones. Estos proyectos expresan la necesidad de ordenar el manejo de este trámite”, sostuvo la senadora.

La propuesta recibió el respaldo de los legisladores de los distintos bloques: Cambio Federal, PRO, UCR, Juntos Somos Río Negro y Unión por la Patria.

Qué establece la normativa vigente en DNU

Cabe destacar que la ley vigente en la materia, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, limitó la facultad del Congreso en relación a ejercer como contralor de los DNU, y habilita la vigencia de medidas promulgadas por esa vía mediante la inacción del Poder Legislativo.

Frente a la normativa vigente, los cambios centrales del proyecto opositor establecen que los DNU podrán ser tratados por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, y serán aprobados solo si se ratifican por mayoría absoluta de los legisladores presentes.

A su vez, también buscan prohibir al Poder Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el año parlamentario si uno anterior se rechazó con anterioridad