El fallo prohíbe la reproducción de las grabaciones en medios, redes sociales y plataformas digitales. La Casa Rosada habla de una “maniobra golpista” y advierte que los audios forman parte de una operación de inteligencia.

La polémica por la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sumó un nuevo capítulo con un fallo judicial que ordena frenar de inmediato su circulación. La medida alcanza a medios de comunicación, redes sociales y cualquier plataforma digital, y surge tras la denuncia presentada por el Gobierno nacional, que calificó los hechos como parte de una “operación de inteligencia no institucional” con fines de “desestabilización política”.

La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y contó con la firma de Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales. El escrito sostiene que la maniobra violó la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y que los responsables actuaron con el propósito de influir en la opinión pública, generar alarma y condicionar el proceso electoral que atraviesa el país.

Según explicaron fuentes oficiales, los audios difundidos la semana pasada no constituyen una filtración casual, sino “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. El Gobierno también advirtió que podrían existir registros de otros ministros y funcionarios, lo que eleva la preocupación sobre el alcance del espionaje. “Se cruzó un límite”, sostuvo una fuente cercana al presidente Javier Milei, que remarcó la gravedad de haber realizado grabaciones dentro de la Casa Rosada.

La denuncia describe la maniobra como una “operación de inteligencia ilegal cuidadosamente planificada” y advierte que su objetivo es enrarecer el clima político antes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de los comicios nacionales del 26 de octubre. “El momento elegido, naturalmente, no es casual”, enfatiza el texto.

El Gobierno interpreta la difusión de las grabaciones como un intento deliberado de instalar paranoia dentro de la administración y de condicionar la estabilidad política y económica. “Si pudieron grabar a la hermana del Presidente, pueden haberlo hecho con cualquiera de nosotros”, admitió un alto funcionario en reserva.

En paralelo, se realizó una reunión de urgencia en Casa Rosada que incluyó al vocero presidencial Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. Allí se definió la estrategia judicial que derivó en la prohibición de difundir los audios.

La resolución marca un punto de inflexión en la campaña electoral, en un contexto atravesado por denuncias cruzadas, operaciones mediáticas y un clima de creciente tensión política. El caso, que involucra directamente a la figura más cercana al presidente, no solo abre interrogantes sobre la seguridad dentro de la sede de Gobierno, sino que también instala la discusión sobre los límites entre la libertad de prensa y el uso ilegal de herramientas de espionaje con fines políticos.