Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo fijó el cronograma para transferir la gestión de autopistas y rutas nacionales al sector privado bajo un esquema de peajes.

El Gobierno avanzó este lunes con una de las reformas más ambiciosas en materia de infraestructura vial: la privatización de Corredores Viales S.A., la compañía estatal que administra más de 6000 kilómetros de autopistas y rutas en distintas regiones del país.

A través de la resolución 1284 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, se estableció un plazo máximo de 12 meses para completar la concesión de cerca de 8000 kilómetros de la red vial nacional y proceder a la liquidación de la firma estatal.

El proceso, que había sido habilitado por la Ley Bases de 2024 y reglamentado por el decreto 95 de febrero de este año, marca el inicio de un cambio estructural en la gestión del sistema vial argentino, ya que se prevé que todos los tramos operen bajo un esquema de peajes administrados por empresas privadas.

La medida coincide con la inminente definición de la licitación para la llamada “ruta del Mercosur”, que abarca las rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria. Este corredor, estratégico para el comercio con Brasil y Uruguay, se convirtió en el primer caso de reprivatización luego de que venciera el contrato con la firma Caminos del Río Uruguay (Cursa).

Según la resolución, la Secretaría de Transporte deberá avanzar en la extinción por mutuo acuerdo de los contratos vigentes con Corredores Viales y en la definición de los nuevos tramos que saldrán a licitación. Además, se instruyó a realizar un relevamiento sobre el estado de las obras y la infraestructura, y a establecer las condiciones técnicas para las futuras concesiones.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá a su cargo la coordinación del cronograma de privatización, incluyendo la valuación de los activos de la empresa estatal y la proyección de los flujos de fondos futuros derivados del cobro de peajes. Los pliegos licitatorios deberán canalizarse a través de la plataforma ContratAR.

El plan de concesiones se organiza en varias etapas. La primera, ya en marcha, corresponde a la ruta del Mercosur. La segunda y la tercera suman un total de 16 tramos que abarcan unos 7200 kilómetros de rutas y autopistas. Allí se incluyen corredores clave como la autopista Riccheri, la Ezeiza-Cañuelas, la ruta nacional 7 y el acceso a los puertos del Paraná. También se prevé concesionar tramos centrales entre Rosario y Córdoba y corredores estratégicos del noroeste, que conectan Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca acelerar la llegada de inversiones privadas en mantenimiento y ampliación de la red vial, además de reducir el peso fiscal que implica la gestión estatal. Sin embargo, el proyecto genera debate: mientras desde el Gobierno destacan que el sistema permitirá mejorar la calidad de los servicios y obras, sectores críticos advierten sobre posibles aumentos en los costos de traslado debido al esquema de peajes.

En los próximos meses se esperan novedades en torno a la adjudicación de los primeros contratos, que funcionarán como test sobre la capacidad de atracción de capital privado para sostener el nuevo modelo vial.