Tras la hipótesis libertaria de una red de escuchas ilegales, la Justicia abrirá una causa para determinar si existió el delito, aunque remarcó la importancia de proteger las fuentes de información.

Luego de la denuncia por parte del presidente Javier Milei, sobre una supuesta red de espionaje ilegal comandada por algunos periodistas, que buscan desestabilizar su gobierno, hipótesis que fue sostenida por varios miembros del Gabinete, la Justicia iniciará una investigación.

Fu el fiscal federal Carlos Stornelli, quien requirió que se abra una causa judicial para investigar la denuncia presentada por el Ejecutivo nacional, en donde indican que se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, destacó el funcionario judicial en su presentación de este martes.

A lo que agregó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”. La aclaración del letrado se refiere al pedido por parte de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para presionar peridotitas y que así revelen quienes le facilitaron los audios filtrados.

Vale destacar que en un intento desesperado de blindar a la hermana del Presidente, desde Casa Rosada lanzaron una “caza de brujas” contra los medios y periodistas que habían difundido los audios en donde el extitular de la Agencia de Discapacidad Nacional (ANDIS), Diego Spagnuolo, hablaba del 3% de coimas con el que se quedaría Karina Milei en la compra de medicamentos.