Los legisladores le habían enviado una lista de consultas al Presidente para determinar su responsabilidad en la promoción del token.

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA le envió a Javier Milei un cuestionario compuesto por nueve preguntas para aclarar su responsabilidad en la promoción del token criptográfico, con fecha límite hasta este viernes. Sin embargo, Milei no respondió dentro del plazo estipulado. Los legisladores presididos por Maximiliano Ferraro esperarán hasta el lunes para definir los pasos a seguir.

El cuestionario solicitado incluía interrogantes como: “¿Cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025?”, si él “posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets)” para operar criptoactivos, y cuáles reuniones o comunicaciones mantuvo con los principales involucrados en el caso, tales como Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Bartosz Lipinski o Julián Peh. También se le pidió aclarar si Karina Milei, su hermana, participó de esos encuentros.

En paralelo, la comisión ya citó formalmente para el martes 23 o el martes 30 de septiembre a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que declare en calidad testimonial ante ese organismo, con opción además de concurrir en el despacho de Casa Rosada, si no puede hacerlo en el Congreso. Otros funcionarios también fueron convocados, entre ellos Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción) y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, quienes faltaron a una citación previa.

El presidente de la comisión, Ferraro, informó que se libraron oficios al Ejecutivo para que remita documentación clave: registros de ingresos y egresos de Casa Rosada y Olivos, agendas, actas de reuniones y documentos oficiales relacionados con Libra; además, solicitaron información sobre transacciones blockchain y billeteras virtuales sospechosas. Legisladores de la comisión señalaron que la sociedad “tiene derecho a saber la verdad. Ningún funcionario puede esconderse ni eludir sus responsabilidades y deberes públicos”.