El juez federal Néstor Costabel ordenó que el empresario santacruceño abone en un plazo de 10 días una multa millonaria tras su condena por lavado agravado. La medida incluye la posibilidad de avanzar sobre su patrimonio si no cumple.

El empresario Lázaro Antonio Báez, extitular de Austral Construcciones, enfrenta una nueva etapa en la ejecución de su condena por lavado de activos agravado en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”. El juez federal Néstor Costabel resolvió que el empresario K abone en pesos el equivalente a 329.237.200,14 dólares como multa, con un plazo máximo de diez días para realizar el pago, bajo apercibimiento de que la justicia pueda avanzar sobre su patrimonio en caso de incumplimiento.

La decisión del magistrado se sustenta en la sentencia firme de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dictada el 28 de febrero de 2023, que ratificó la condena de 10 años de prisión a Báez como coautor del delito de lavado agravado. Esta condena se consolidó el 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del empresario y confirmó la sanción económica equivalente a seis veces el monto de la operación ilícita.

La defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Martín Villanueva, intentó frenar la ejecución de la multa alegando que la unificación de condenas dictada el 11 de julio —que todavía no está firme— podría modificar la situación. Además, argumentaron la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que regula las multas por lavado de activos, considerándolo confiscatorio y violatorio de derechos fundamentales. Señalaron también que la suma reclamada excede ampliamente el patrimonio real de Báez, y sumada a decomisos y reclamos administrativos, haría que la sanción fuera imposible de cumplir, desvirtuando su finalidad resocializadora.

No obstante, el juez Costabel rechazó los argumentos de la defensa y remarcó que “la pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza, y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”. Además, subrayó que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas, dado que la sentencia original se encuentra firme y respaldada por la autoridad de cosa juzgada.

El tribunal ordenó además certificar la vigencia de las medidas cautelares patrimoniales dictadas en el expediente, con el objetivo de garantizar el cobro de la sanción y asegurar que los bienes de Báez puedan ser utilizados para cubrir la millonaria multa en caso de que no cumpla voluntariamente con la obligación.

La causa “Ruta del Dinero K” se centró en demostrar cómo fondos millonarios, provenientes de contratos con el Estado, fueron desviados y blanqueados mediante complejas maniobras financieras. La condena y las multas buscan no solo sancionar al empresario, sino también enviar un mensaje sobre la eficacia del sistema judicial en el control de delitos económicos de gran magnitud.

A medida que avanzan los procedimientos judiciales, la atención sigue puesta en el cumplimiento de las sanciones económicas y en la posibilidad de que la justicia avance sobre el patrimonio de Báez, un empresario que mantiene inversiones y propiedades significativas en distintas provincias del país. Por ahora, el plazo de diez días para el pago de la multa abre un nuevo capítulo en la ejecución de la condena y marca un hito en la historia de los juicios vinculados a la corrupción y el lavado de dinero en Argentina.