El Gobierno promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido previamente vetada, luego de que el Congreso confirmara su aprobación.

Sin embargo, según indicó en el Boletín Oficial, suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo incorpore en el Presupuesto 2026 las partidas necesarias para ponerla en marcha.

La medida declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.

No obstante, en el Decreto 681/25, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” cómo se financiarán los gastos derivados de la implementación de la ley.

En ese sentido, citó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige especificar las fuentes de financiamiento de cualquier gasto no contemplado en el presupuesto vigente.

Francos subrayó que, más allá de la importancia del tema, “es imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera”, ya que “el presupuesto actual no cuenta con créditos suficientes” para su implementación.

“No me pueden endilgar a mí que vea las partidas. ¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, había cuestionado el funcionario.