Las próximas sesiones en Diputados y el Senado anticipan un escenario complejo para el oficialismo, entre proyectos que afectan el reparto de fondos, reclamos de gobernadores y comisiones investigadoras que apuntan a Karina Milei y Guillermo Francos.

El espaldarazo internacional que recibió Javier Milei de parte de Donald Trump no alcanzó para calmar las aguas en el frente interno. Mientras en la Casa Rosada intentan capitalizar el apoyo político del exmandatario estadounidense, en el Congreso crece la tensión y se acumulan iniciativas que amenazan con complicar la gobernabilidad en plena campaña electoral.

En la Cámara de Diputados, la oposición prepara un temario cargado que incluye el rechazo a varios vetos presidenciales, entre ellos los que frenaron la emergencia pediátrica para hospitales como el Garrahan y el financiamiento de las universidades nacionales. Ambos proyectos habían logrado amplio consenso en el recinto, por lo que se descuenta que el oficialismo no tendrá margen para revertir la derrota.

A ese escenario se suma el impulso para modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Con media sanción en el Senado, la reforma obligaría al Congreso a pronunciarse en un plazo de 90 días y exigiría aprobación expresa de ambas Cámaras para sostenerlos, lo que limitaría fuertemente el margen de acción del Poder Ejecutivo. La oposición sabe que Milei vetará la norma, pero confía en que podrá insistir con los dos tercios antes del recambio legislativo de diciembre.

Otro frente abierto apunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, considerado el principal articulador político del Gobierno. Sectores del peronismo y bloques aliados avanzan en la posibilidad de una moción de censura, un mecanismo constitucional que podría removerlo del cargo. La iniciativa, aunque compleja, refleja el malestar con la gestión y suma incertidumbre en la recta final de la campaña.

El Congreso también se convirtió en escenario de interpelaciones. La Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, figuran en la lista de funcionarios que podrían ser citados a dar explicaciones por distintas polémicas, desde presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta las muertes vinculadas a fentanilo adulterado. La sola posibilidad de esas interpelaciones constituye un dolor de cabeza para el oficialismo, que busca evitar un show político en plena campaña.

Paralelamente, los gobernadores presionan con reclamos de fondos. Un grupo de mandatarios nucleados en “Provincias Unidas” logró incluir en la agenda proyectos que quitan discrecionalidad al Ejecutivo en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en la distribución de lo recaudado por los combustibles. La jugada apunta a fortalecer las arcas provinciales y, al mismo tiempo, condicionar a Milei en el tablero parlamentario.

El proyecto de Presupuesto 2026 también promete choques. La oposición exige que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a defender los lineamientos del plan económico y justifique el salvataje financiero acordado con la Administración Trump. Desde el oficialismo, en tanto, buscan demorar el debate para llegar a diciembre con un Congreso renovado y mayor representación de La Libertad Avanza.

En este contexto, la actividad parlamentaria se intensifica de manera inédita para un año electoral, en el que tradicionalmente se paralizan los debates. La diferencia radica en que Milei enfrenta un Congreso en minoría y cada sesión se transforma en un examen de poder.