Los Gobiernos de Mendoza, Chubut y Santa Cruz preparan una demanda contra la operación por la cuál el Grupo Petersen adquirió acciones de la empresa en 2007, antes de que fuera estatizada en 2012.

Los gobernadores de las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz: Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal, respectivamente, presentarán una demanda ante la Justicia de Estados Unidos contra la operación por la cual el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquirió acciones de la petrolera YPF.

La ofensiva judicial busca cuestionar la legalidad del ingreso del grupo local a YPF, empresa contra la cual litiga. Los futuros querellantes argumentan que hubo maniobras fraudulentas en dicha operación.

Se espera que otras provincias socias, como Río Negro y Neuquén, puedan sumarse al planteo, que se realizará esta semana ante el Departamento de Justicia de EE.UU.

La causa se remonta a operaciones que tuvieron lugar en 2007, protagonizadas por el Grupo Petersen, en las cuales este adquirió el 30% de las acciones de YPF, y a la estatización parcial en 2012.

Los gobernadores patagónicos están detrás de la demanda contra el Grupo Petersen.

Lo determinante en el hecho es que el grupo de la familia Eskenazi habría accedido a estas acciones sin pagar por ellas, lo que supone una maniobra fraudulenta y cuestiona su rol actual como litigante del fallo contra la estatización de la petrolera.

La operación por la que Petersen se adueño de las acciones recibió financiamiento de Repsol, que por aquel entonces controlaba YPF, bajo la garantía de devolver los préstamos con dividendos de la compañía.

Desde la privada española de petróleo habían presentado, en su momento, al Grupo Petersen como el “socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina”.

La expresidenta Cristina Kirchner con Enrique Eskenazi, uno de los capitalistas “expertos en mercados regulados” del kirchnerismo.

La demanda de las provincias socias de la petrolera buscan poner de relieve la ilegitimidad del grupo económico como demandante en el fallo contra YPF por sus acciones, al haberlas adquirido en su momento sin pagar por su valor.

F:Nexofin