Con el Hospital Garrahan como símbolo, la oposición buscará este jueves en el Senado revertir los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y a la actualización de presupuestos universitarios. La vicepresidenta Victoria Villarruel liderará una sesión clave que comenzará a las 10 de la mañana.

Este jueves se vivirá una nueva jornada tensa en el Senado, donde la oposición se prepara para rechazar los vetos presidenciales a dos proyectos claves que afectan a sectores sensibles: la ley que declara la emergencia pediátrica —con el Hospital Garrahan como símbolo central— y la normativa que busca mejorar y proteger los presupuestos de las universidades públicas.

Estas iniciativas habían sido sancionadas con amplio respaldo en agosto, pero el Ejecutivo decidió vetarlas, generando un choque directo con la Cámara alta.

La sesión, que comenzará a las 10, estará bajo la conducción de la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, y promete ser un escenario donde se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno libertario para imponer su agenda.

No es la primera vez que el Gobierno enfrenta este tipo de revés: a principios de septiembre, el Congreso anuló el veto a la ley de emergencia en discapacidad, obligando a la Casa Rosada a reglamentarla, aunque luego dejó su aplicación en suspenso hasta contar con partidas presupuestarias. Se prevé que hoy la historia pueda repetirse con estas leyes.

La ley de emergencia pediátrica establece la asignación inmediata y prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial dedicado a la atención pediátrica. Además, dispone la recomposición salarial inmediata para el personal de salud, incluidos residentes, con aumentos no inferiores a los valores reales de noviembre de 2023.

También exime del pago de ganancias a quienes realizan actividades críticas, horas extras o guardias. El Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan es declarado hospital de referencia nacional para atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado para el segundo semestre es de $65.573 millones.

En cuanto a las universidades públicas, la ley impone la actualización de los gastos y salarios docentes y no docentes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, con aumentos que deben ser remunerativos y bonificables. Además, establece negociaciones paritarias obligatorias con revisiones periódicas que garanticen ajustes no inferiores a la inflación.

Para que estas leyes puedan entrar en vigencia pese a los vetos, la oposición deberá reunir dos tercios del Senado para incluirlas sobre tablas y rechazarlos. Dada la amplitud con la que fueron aprobadas en agosto —62 votos para la emergencia pediátrica y 58 para la ley universitaria—, este escenario es probable. En esa votación, los senadores libertarios, junto con algunos aliados, fueron los principales detractores.