La causa que tramita en la Justicia de Nueva York, busca evitar que la petrolera entregue el 51% de sus activos como parte de pago a los fondos acreedores, por la expropiación realizada en 2012 por Cristina Kirchner.

En un nuevo avance de la demanda contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, que tramita en la justicia del Distrito Sur de Manhattan (Nueva York), el Gobierno consiguió más apoyos internacionales para defender los activos de la compañía.

Así lo informó la Procuración del Tesoro de la Nación, este viernes, al confirmar que 12 entidades internacionales, se presentaron formalmente como amicus curiae, en favor de la Argentina, que busca evitar responder con el 51% de las acciones de la petrolera a la demanda por 16.000 millones de dólares por parte de los fondos Burford y Eton Capital.

“El gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”, informó a través de un comunicado el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.

Asimismo, el funcionario destacó que el gobierno de los Estados Unidos “ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la Argentina. La postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”.

En cuanto a los respaldos conseguidos por Argentina, se encuentran los países de Estados Unidos, Israel, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. Así como también, organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.

“El gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”, concluyeron desde la Procuraduría que lleva adelante la demanda contra Argentina.