El juez Martínez de Giorgi advirtió que “carece de competencia” para dictar una orden en ese sentido, solicitada por legisladores opositores.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró “improcedente” el pedido efectuado por la comisión investigadora sobre $LIBRA de la Cámara de Diputados para disponer la citación por la fuerza pública del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik y otros funcionarios del Gobierno.

El magistrado argumentó que no cuenta con la competencia para dictar una orden en ese sentido. A su vez, explicó que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, también se pronunció por la improcedencia de la intervención del Poder Judicial en las citaciones del Poder Legislativo.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Martínez de Giorgi también rechazó ese pedido respecto de Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que presten declaración testimonial ante esa comisión investigadora.

Los mencionados funcionarios no se presentaron ante la comisión investigadora. Ante ello, los legisladores opositores al Gobierno sondearon la posibilidad de que una orden judicial incidiera en que pudieran ser citados por la fuerza pública para comparecer en el Congreso.

Los argumentos del juez federal

El juez federal amparó su decisión en cuestiones normativas, las cuales, según su interpretación de las mismas, “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública” de los testigos citados por el Poder Legislativo.

Asimismo, agregó que ello es “constitucionalmente inadmisible que aquella sea ampliada por normas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa”.

El fiscal Eduardo Taiano comparte la misma posición de Martínez de Giorgi de no citar por la fuerza a los funcionarios.

Martínez de Giorgi advirtió que “debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley”.

“El Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”, recalcó el magistrado.