Mientras el Ejecutivo define su hoja de ruta en materia laboral, el Consejo de Mayo le entregó un borrador con reformas que prometen polémica: contratos más flexibles, nuevos fondos de cese y una revisión total de los convenios colectivos.

El Gobierno de Javier Milei avanza en silencio sobre un proyecto que promete alterar la estructura del mundo del trabajo en la Argentina. Lejos de las versiones preliminares que circularon durante las últimas semanas, el Consejo de Mayo presentó al Ejecutivo un borrador con los “verdaderos ejes” de la reforma que el oficialismo buscará discutir en el Congreso antes de fin de año.

Según anticiparon fuentes del Consejo a Infobae, el texto no plantea una “reforma laboral tradicional”, sino una serie de cambios graduales que apuntan a “modernizar” el sistema de contratación y reducir los costos que enfrentan las empresas al emplear trabajadores registrados. El documento, que aún no fue difundido oficialmente, ya encendió alarmas en la Confederación General del Trabajo (CGT), donde consideran que el proyecto “avasalla derechos adquiridos” y podría “debilitar la representación sindical”.

Entre los principales puntos que propone se encuentra la creación de un nuevo régimen de contrato laboral flexible, con menos cargas indemnizatorias para las empresas, pero con mayores incentivos para la formalización. El esquema reemplazaría el actual sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, administrado de manera privada y alimentado por un aporte mensual del empleador. Este punto, aseguran, sería “inamovible” dentro del proyecto y representa uno de los mayores motivos de rechazo dentro del movimiento obrero.

El texto también impulsa una revisión integral de los convenios colectivos de trabajo, con la idea de habilitar negociaciones “más dinámicas” por sector o región, y reducir la rigidez que —según el oficialismo— obstaculiza la generación de empleo. Además, se prevé digitalizar los registros laborales, simplificar los aportes patronales y establecer un mecanismo de evaluación de productividad como criterio para la actualización de salarios.

Fuentes del Consejo destacaron que “no se trata de eliminar derechos, sino de adaptarlos a un contexto productivo y tecnológico completamente distinto al de hace 40 años”. En esa línea, el proyecto buscaría acompañar el proceso de automatización y el crecimiento del trabajo remoto, incorporando regulaciones específicas para plataformas digitales, freelancers y oficios tecnológicos.

Sin embargo, desde la CGT el diagnóstico es diametralmente opuesto. En Azopardo advierten que detrás del discurso de “modernización” se esconde un intento de “precarizar” el trabajo registrado y “licuar el poder de los sindicatos”. Uno de los integrantes del consejo directivo aseguró que “lo que el Gobierno presenta como flexibilidad, en realidad es desprotección”.

El enfrentamiento ya se hace sentir en los pasillos del Ministerio de Capital Humano, donde algunos funcionarios intentan mediar para evitar una ruptura total con el sindicalismo. “Hay voluntad de diálogo, pero no vamos a frenar un cambio que el país necesita”, afirmó un integrante del equipo económico.

El documento, que circula entre los principales despachos oficiales, forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias. Aunque aún podría sufrir modificaciones, desde el entorno del Presidente aseguran que la esencia del proyecto no cambiará: reducir la litigiosidad laboral, fomentar el empleo privado y generar un entorno más competitivo para las empresas.

El Consejo de Mayo, que integran economistas, juristas y dirigentes cercanos al oficialismo, tiene un rol clave en la redacción de estas propuestas. “Estamos construyendo un marco laboral del siglo XXI”, señalaron sus voceros, convencidos de que el proyecto representa una oportunidad histórica para actualizar el mercado de trabajo argentino.

Pese a los esfuerzos por mostrar diálogo, el texto enfrenta un escenario complejo: la CGT prepara una serie de reuniones con legisladores opositores para intentar bloquear su avance y ya evalúa medidas de fuerza si el Gobierno insiste en tratarlo sin consenso.

Mientras tanto, en Balcarce 50 confían en que el proyecto será una carta fuerte para mostrar iniciativa política en el cierre del año. “Es la señal que necesitaba el mercado para entender que la Argentina va en serio con la desregulación”, resumió un funcionario con llegada directa a Milei.