Los mandatarios provinciales avanzaron con una lista de reclamos para modificar el proyecto enviado al Congreso. Créditos internacionales, cajas previsionales y fondos energéticos, entre los puntos más sensibles.

Con el impulso político que dejó la elección legislativa y en medio de la exigencia internacional de alcanzar acuerdos más amplios, la Casa Rosada enfrenta su primer desafío en el Congreso: la negociación del Presupuesto 2026. El proyecto, enviado en septiembre, generó una serie de objeciones por parte de los gobernadores, que ahora buscan condicionar su apoyo a una lista de modificaciones estructurales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en el nuevo interlocutor del Gobierno con las provincias. En sus primeros días en el cargo recibió un documento detallado que recopilaba los reclamos de los mandatarios, muchos de los cuales ya habían sido planteados en reuniones previas.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió involucrarse directamente en el proceso legislativo y esta semana participó de una mesa política en Casa Rosada junto con Karina Milei y Manuel Adorni, donde se definió la estrategia para las sesiones extraordinarias.

Entre los mandatarios provinciales existe coincidencia respecto a siete grandes puntos de conflicto. El primero de ellos es la autorización para tomar créditos internacionales con aval de la Nación. Según las provincias, se trata de una herramienta que no genera costos para el Tesoro y que permitiría dinamizar obras e inversiones que hoy están frenadas por falta de financiamiento.

Pero el núcleo duro de la discusión pasa por las cajas previsionales no transferidas. El proyecto fija una partida específica para compensar los déficits, aunque con una condición que generó rechazo: solo podrían recibir anticipos aquellas jurisdicciones con un acuerdo formal vigente con ANSES basado en datos de 2021 o posteriores. Las provincias reclaman que se flexibilicen las condiciones y que se actualicen los montos, advirtiendo que el esquema actual deja afuera situaciones previsionales que requieren asistencia inmediata.

Otro punto sensible es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La propuesta original del Gobierno elimina la extensión del régimen de zonas frías aprobada en 2021, lo que retiraría beneficios a más de 3 millones de hogares, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los mandatarios reclaman preservar el esquema, y remarcan que el retiro del subsidio impactaría directamente en tarifas en pleno invierno.

A esto se suma el pedido de revisar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Los gobernadores recuerdan que ambas cuestiones fueron aprobadas por el Congreso, pero luego vetadas por el presidente Javier Milei, por lo que insisten en reabrir la discusión en el marco del Presupuesto. También reclaman cambios en el funcionamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que retiene un 1,9% de la recaudación nacional para financiar su estructura, un porcentaje que las provincias quieren redistribuir.

Pese a la resistencia del Ministerio de Economía para aceptar nuevos compromisos, algunos puntos ya comenzaron a destrabarse. Caputo dio el primer gesto al incluir en el proyecto presupuestario el acuerdo alcanzado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para regularizar la deuda por la coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. La CABA reclama la normalización de pagos y la incorporación explícita de las partidas adeudadas —que superan los $274.000 millones— para garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Otra señal a las provincias provino del encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, donde se acordó una baja en las retenciones al petróleo convencional. La medida busca apuntalar la producción energética en la cuenca y destrabar un frente de conflicto que venía escalando.