El oficialismo confía en su número en la Cámara Baja y en la alianza con el PRO y la UCR para sostener decretos y avanzar con reformas estructurales desde enero.

El gobierno de Javier Milei decidió dejar caer las emergencias que habilitaron durante dos años el grueso del plan de desregulación estatal. A partir del 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo ya no contará con las facultades delegadas que permitieron avanzar con la eliminación de normas a través del Decreto 70/2023, por lo que cualquier nueva modificación deberá pasar por el Congreso.

Lejos de solicitar una prórroga, en la Casa Rosada aseguran que la estrategia para 2026 será distinta: apoyarse en la nueva mayoría en Diputados y en el acompañamiento de aliados para sostener el ritmo de los cambios.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los principales impulsores del esquema que vence a fin de año. En su despacho todavía cuelga un contador que marca los días que faltan para el cierre del período excepcional.

Según fuentes oficiales, el ministro trabajará con una última ventaa de 29 días hábiles para avanzar en recortes normativos antes de que el Ejecutivo deba recurrir al trámite parlamentario.

Durante los primeros dos años de administración libertaria, el funcionario modificó o eliminó 1.384 normas y más de 10 mil artículos de legislación vigente.

Aunque alrededor de 500 disposiciones fueron restituidas por el Congreso, el Gobierno considera que el balance fue positivo y que el nuevo escenario legislativo permitirá sostener esa línea sin herramientas extraordinarias.

Con el traspaso de tres diputados de La Liga del Interior al bloque oficialista, La Libertad Avanza contará desde diciembre con 91 bancas propias. A ese número se suman el PRO, sectores de la UCR y algunos gobernadores que acompañaron las reformas durante 2024 y 2025.

Para el oficialismo, ese armado garantiza una mayoría suficiente para blindar decretos en caso de ser necesario y para impulsar los proyectos que formarán parte del paquete de reformas del próximo año: laboral, penal, impositiva y educativa.

Un funcionario del entorno presidencial sintetizó el clima interno: “No necesitamos prorrogar nada. Con los votos actuales podemos defender cualquier decreto que haga falta y avanzar con leyes en el Congreso”.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2026 no incluye pedidos de emergencia ni de delegación de facultades, una señal que confirma el viraje estratégico. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que una eventual solicitud podría evaluarse “según la evolución de la situación económica y social”, dejando una puerta abierta para escenarios de contingencia.

Entre diputados y funcionarios libertarios predomina la idea de que el Ejecutivo atraviesa un momento político propicio: la reciente recomposición de apoyos en Diputados y la expectativa de gobernadores por obtener beneficios fiscales o de obra pública parecen configurar un tablero más estable para Milei.