El Gobierno se encamina a convocar a sesiones extraordinarias para impulsar las reformas laborales, educativas y tributarias, el endurecimiento de penas, cambios en el Presupuesto 2026 y movilizar los dólares guardados fuera del sistema.

El Gobierno de Javier Milei ya definió que el Congreso volverá a trabajar durante el verano. La convocatoria a sesiones extraordinarias se formalizará en los próximos días y habilitará una agenda legislativa cargada, atravesada por reformas estructurales, proyectos pendientes y un recambio parlamentario que podría mejorar la correlación de fuerzas para La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre.

La Casa Rosada observa con expectativa el inicio del nuevo período legislativo. Aunque el funcionamiento pleno del Congreso recién se retomará a partir del 15 de diciembre, para esa fecha está prevista la entrega formal de los dictámenes elaborados por el Consejo de Mayo.

Se trata de los textos que recopilan los ejes de las reformas laboral, educativa y tributaria que el Ejecutivo pretende impulsar durante la segunda parte del mandato.

En el plano laboral, el Gobierno busca acordar con la CGT una serie de cambios que abarcan la registración de trabajadores, reglas sobre la jornada, licencias, vacaciones y un esquema revisado de indemnizaciones. El objetivo es evitar un enfrentamiento con la central sindical, que renovó su conducción y mantiene un vínculo pragmático con la administración libertaria.

En paralelo, funcionarios del Ejecutivo mostraron malestar por la difusión de borradores que —advirtieron— aún no representan proyectos definitivos.

Otro punto central será la reforma educativa. En los borradores preliminares se analiza otorgar mayor autonomía a las instituciones para definir sus programas de estudio y habilitar esquemas de cursada alternativos, como educación en el hogar o formatos híbridos. Además, el oficialismo insistirá con declarar “esencial” la educación básica para limitar la posibilidad de paros prolongados y garantizar la continuidad del servicio.

Distinto es el caso del nuevo Código Penal, un texto ya cerrado pero postergado durante meses. La propuesta elaborada por especialistas propone endurecer penas en delitos vinculados a corrupción, organización de protestas y violencia en espectáculos deportivos, pero también incorpora figuras nuevas y amplía la protección legal al accionar policial.

Si se aprueba tal como está, la normativa actual —vigente desde 1921— pasaría de 316 a 540 artículos, integrando un gran número de leyes especiales dispersas.

En el ámbito económico, el Presupuesto 2026 es otro de los temas que el Congreso deberá debatir. Aunque Milei presentó el proyecto original en cadena nacional en septiembre, fuentes oficiales reconocen que podría modificarse para atender reclamos de gobernadores y legisladores.

La versión inicial aumentaba partidas clave por encima de la inflación proyectada y establecía límites estrictos al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. El Ejecutivo sostiene que cualquier cambio deberá preservar el equilibrio fiscal, considerado un pilar innegociable del programa económico.

También ingresará al temario la llamada “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, que busca incentivar el uso de los dólares adquiridos en el mercado informal durante el cepo. El proyecto reduce los plazos de prescripción por evasión, restringe la capacidad de ARCA para iniciar denuncias penales y eleva multas, con el objetivo de facilitar que esas divisas ingresen a la economía real y puedan emplearse en operaciones cotidianas sin riesgos jurídicos.

Para el Gobierno, se trata de un paso necesario para ampliar la base tributaria y transparentar el movimiento de moneda extranjera.

La lista de temas podría ampliarse con capítulos vinculados al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye cláusulas sobre propiedad intelectual, control de productos falsificados y transferencias internacionales de datos. Aunque aún no está claro si todo el tratado deberá ser ratificado por ambas cámaras, funcionarios anticipan que cualquier parte que implique cambios normativos tendrá que pasar por el Congreso.