El Ejecutivo deberá renegociar una montaña de vencimientos en los próximos meses. Aunque buena parte de los compromisos están en manos del Estado, el desafío pasa por sostener la confianza del mercado y evitar sobresaltos en tasas y liquidez.

El Gobierno nacional atraviesa el tramo final del año con un calendario de pagos de deuda en pesos que obliga a una administración quirúrgica de los recursos financieros. Tras la última licitación de noviembre, el perfil de vencimientos muestra un pico significativo en diciembre, cuando el Tesoro deberá afrontar compromisos que rondan los $40 billones, en un contexto donde las condiciones monetarias y financieras siguen siendo frágiles.

La particularidad de este abultado vencimiento es que una porción importante está en manos de organismos del propio sector público, como el Banco Central, entidades públicas y fondos que dependen del Estado nacional.

Esto abre la puerta a reprogramaciones, canjes y refinanciaciones internas que permiten “patear” parte de los pagos sin generar un impacto directo en el mercado. Sin embargo, el riesgo aparece en los compromisos que están en manos privadas, que requieren una renovación efectiva para evitar una mayor emisión de pesos.

Banco Central de la República Argentina

De acuerdo con estimaciones del sector financiero, al descontar los títulos en poder de la autoridad monetaria y otros entes oficiales, la deuda que efectivamente deberá refinanciarse en condiciones de mercado sería sensiblemente menor, aunque igualmente elevada.

Aun así, diciembre presenta una dificultad extra: la estacionalidad del gasto público suele incrementar las necesidades de caja durante el último mes del año, lo que vuelve más delicado el equilibrio financiero.

Por eso, el Tesoro concentrará en una única licitación la tarea de renovar los vencimientos de diciembre, una decisión que pone a prueba el nivel de confianza de los inversores en la política económica. El desafío será captar suficiente demanda sin tener que convalidar tasas excesivamente altas que puedan comprometer la sostenibilidad futura del esquema financiero.

Hacia 2026, el panorama no se vuelve más liviano. El calendario muestra nuevos picos de vencimientos en enero, junio y diciembre, con montos que siguen siendo significativos y una alta participación del sector público. No obstante, el volumen de compromisos en manos privadas continuará siendo un termómetro clave sobre la percepción de riesgo que el mercado asigna a la Argentina.

Uno de los factores que impacta directamente en esta dinámica es la evolución de las tasas de interés. En los meses previos a las elecciones legislativas, el Gobierno se vio obligado a ofrecer rendimientos elevados para evitar una ola de pesos sueltos que podría haberse volcado al dólar.

Tras la victoria oficialista, el Banco Central inició un sendero de recorte de tasas con el objetivo de abaratar el fondeo y reactivar el crédito, una decisión que alivió parcialmente al Tesoro, pero que también implica un delicado balance.

Con tasas más bajas, los bancos cuentan con mayor liquidez disponible y menor rendimiento por sus colocaciones, lo que puede impulsar una mayor demanda de títulos públicos, pero también generar presión sobre el tipo de cambio si se debilita el atractivo del peso como instrumento de ahorro.

Desde Economía sostienen que el programa financiero está “bajo control” y que los compromisos con organismos públicos no representan una amenaza real para el equilibrio fiscal. El verdadero examen, advierten en el mercado, será la capacidad del Tesoro para mantener niveles elevados de renovación cuando compite con otras alternativas de inversión y con un contexto internacional que sigue siendo volátil