Con un Congreso renovado y un mapa político más favorable, la Casa Rosada busca cerrar el año con dos leyes clave. El oficialismo confía en una nueva mayoría, mientras negocia con gobernadores y aliados.

La llegada de nuevos legisladores al Congreso reconfiguró el tablero político y le dio oxígeno al Gobierno de Javier Milei para relanzar su agenda parlamentaria más ambiciosa. En la Casa Rosada no lo disimulan: diciembre será un mes decisivo y el oficialismo pretende llegar al brindis de fin de año con el Presupuesto 2026 aprobado y el proyecto de reforma laboral en la cancha, con dictámenes encaminados.

El cronograma que maneja el Ejecutivo es ajustado. Para los primeros días del mes está previsto el envío formal del paquete laboral, que apunta a desarmar varios de los pilares del actual sistema de contratación y litigios. Una semana más tarde, la prioridad será dictaminar el Presupuesto en Diputados, con el objetivo de llevarlo al recinto antes del cierre del período ordinario. La lectura política es clara: sin ley de gastos y recursos aprobada, la gobernabilidad entra en una zona gris que el Presidente quiere evitar.

El recambio parlamentario jugó a favor del oficialismo. La Libertad Avanza (LLA) amplió su presencia tanto en Diputados como en el Senado y, con el respaldo tácito de sectores del PRO y de gobernadores dialoguistas, se encamina a conformar mayorías circunstanciales. Del otro lado, Unión por la Patria enfrenta una sangría política que se traduce en menor capacidad de maniobra. Los intentos por forzar sesiones sin el número necesario quedaron expuestos esta semana y dejaron al principal bloque opositor con poco margen para condicionar el debate.

En Balcarce 50 destacan un dato como determinante: el alineamiento de mandatarios provinciales que hasta hace poco orbitaban el kirchnerismo y hoy prefieren sentarse con el equipo económico libertario. El nuevo bloque “federal” que impulsan gobernadores del Norte Grande es leído como un gesto de pragmatismo político: las provincias necesitan respuestas concretas para cerrar sus números y el Gobierno es, hoy, la ventanilla que promete esas definiciones.

La negociación se mueve, además, por carriles informales. En el oficialismo admiten contactos permanentes entre dirigentes del PRO, operadores libertarios y ministros provinciales. El mensaje que baja Economía es simple: el cálculo del gasto será una herramienta para ordenar cuentas, priorizar obras con financiamiento genuino y dejar atrás la discrecionalidad política.

La reforma laboral, en cambio, es el frente más espinoso. El proyecto buscará reducir la industria del juicio, flexibilizar modalidades de contratación e introducir cambios en el sistema de indemnizaciones. Desde el Ejecutivo asumen que el debate será áspero y no descarta que el tratamiento se extienda hasta el primer trimestre de 2026. Los sindicatos ya activaron sus alertas y la justicia del trabajo aparece como un actor que podría convertirse en un escollo adicional.

En el frente económico, los datos ofrecen una postal heterogénea. La actividad empezó a mostrar señales de recuperación, con sectores como el financiero traccionando hacia arriba. Pero la industria sigue golpeada y el consumo masivo no termina de rebotar. En paralelo, anuncios de despidos y cierres de plantas alimentan la inquietud social en algunas regiones.

Aun así, en el equipo de Luis Caputo sostienen el discurso optimista. La baja de la inflación es presentada como el principal activo del Gobierno y el ancla para la recuperación. Con noviembre en torno al 2% y diciembre bajo observación, el objetivo anual cercano al 30% se exhibe como un hito en una Argentina acostumbrada al desorden de precios.