Sur Finanzas es investigada por presunto lavado y evasión fiscal. La DGI detectó “movimientos sospechosos por más de $818 mil millones”.
Tras las denuncias públicas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, la empresa Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, emitió un comunicado defendiéndose y calificando las acusaciones en su contra como “infundadas”.
La financiera se defendió públicamente luego de la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, asociado a la empresa.
El Grupo Sur Finanzas manifestó que no es una entidad que busque ocultar sus operaciones. En su descargo, la empresa indicó: “El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”.
Y agregó que ha invertido en publicidad para dar a conocer sus prestaciones, señalando: “Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina”.
La compañía enfatizó que todas sus operaciones se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, buscaron desligarse de responsabilidades individuales de sus clientes al aclarar: “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.
En relación con los servicios financieros, la empresa aseguró: “Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo”.
Sin embargo, hicieron una aclaración específica sobre una de las acusaciones: “Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”. Finalmente, indicaron que están a disposición de la Justicia para satisfacer sus requerimientos.
La defensa de la financiera se produce mientras la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos. La decisión de la fiscal Cecilia Incardona llegó tras la alerta de la DGI sobre “movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos” a través de billeteras virtuales gestionadas por la empresa, e incluyó allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas.
Cronica del Noa 
Deja un comentario