Desde la Casa Rosada, el Ejecutivo dio a conocer los lineamientos centrales del proyecto que busca reformar las penas. La iniciativa apunta a endurecer sanciones, eliminar beneficios para condenados y avanzar contra privilegios vinculados a la función pública.
El Gobierno nacional dio a conocer este lunes los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que apunta a modificar de raíz el sistema de penas vigente en la Argentina. El anuncio fue encabezado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, en la que ambos funcionarios defendieron la iniciativa como una herramienta central en el combate contra el delito y la impunidad.
Según explicaron, el nuevo texto buscará actualizar un Código que data de 1921 y que, a lo largo de más de un siglo, fue objeto de múltiples modificaciones parciales. Para el Gobierno, esas reformas fragmentarias derivaron en un sistema “desordenado, poco claro y carente de firmeza frente al delito”, lo que motivó la necesidad de avanzar en una versión completamente revisada.
Adorni aseguró que la reforma tiene un trasfondo político e institucional de largo plazo. “Un país serio no puede depender de parches ni de la ideología del gobierno de turno. Necesitamos reglas estables que traigan orden donde hubo descontrol”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el proyecto apunta a reconfigurar la política criminal del Estado bajo una consigna clara: eliminar la laxitud judicial y reforzar la responsabilidad penal.
Uno de los puntos más sensibles será el endurecimiento de las penas para delitos considerados graves, en especial aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, la violencia reiterada y el abuso de poder. El Gobierno anticipó que el proyecto incluirá sanciones más severas para funcionarios que delincan en ejercicio de la función pública y la eliminación de beneficios especiales para personas condenadas por hechos de corrupción.
“La impunidad tiene fecha de vencimiento”, remarcó el nuevo jefe de Gabinete, al tiempo que anunció que quienes hayan cometido delitos desde cargos públicos podrán perder jubilaciones especiales y otros beneficios previsionales. La medida busca enviar una señal política fuerte sobre la responsabilidad agravada de quienes administran recursos del Estado.
Por su parte, Patricia Bullrich afirmó que el Congreso tendrá un rol decisivo en el proceso legislativo. “Será una discusión histórica”, enfatizó la ministra saliente, que recordó que los códigos penal y procesal constituyen la base del orden jurídico.
En ese marco, Bullrich detalló una serie de cambios centrales que propondrá el Ejecutivo. En materia de homicidios simples, la pena máxima pasará de 25 a 30 años de prisión. Para los homicidios agravados, que actualmente prevén prisión perpetua, se incorporarán nuevos criterios que endurecen la calificación del delito, como los casos de magnicidio, el asesinato de autoridades educativas en funciones, víctimas menores de 16 años o adultos mayores.
Otro punto sensible es el referido a los siniestros viales con consecuencias fatales o lesiones graves. En los casos de conducción imprudente, las penas se elevarán de los actuales rangos de 1 a 3 años hasta un nuevo margen de entre 2 y 6 años de prisión, mientras que las figuras agravadas pasarán de 2–4 años a un tope de 6. La propuesta, según Bullrich, busca terminar con el tratamiento judicial “benévolo” frente a casos que terminan en tragedias.
En relación al uso indebido de armas, el nuevo Código incluirá condenas específicas para quienes porten armas sin autorización legal, eliminando interpretaciones judiciales amplias que, según la ministra, hoy facilitan la excarcelación.
La reforma también endurece el régimen de ejecución penal. El Gobierno pretende que las condenas se cumplan efectivamente y que la prisión perpetua no tenga límite temporal. A su vez, en delitos graves se habilitará la acumulación de penas, lo que derivaría en condenas extensas en casos de elevada peligrosidad.
Uno de los cambios más relevantes será la modificación del concepto de legítima defensa, que quedará formulado en favor de quien se defiende de una agresión. Además, por primera vez las víctimas tendrán derecho a participar durante todo el proceso penal y serán notificadas de manera inmediata cuando un condenado obtenga salidas transitorias o acceda al cumplimiento final de su pena.
Otro eje es la imprescriptibilidad de delitos considerados graves y gravísimos. Entre ellos figuran el homicidio agravado, los delitos sexuales, la trata de personas, la sustracción de menores, el terrorismo y el narcotráfico. En esos casos, las penas serán de cumplimiento efectivo y no estarán sujetas a plazos de prescripción.
La reforma tendrá alcance nacional y se aplicará en todas las provincias. Desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo es terminar con la disparidad de criterios judiciales según jurisdicción y unificar reglas en todo el país.
Por último, uno de los puntos más contundentes está vinculado a la corrupción: los funcionarios condenados perderán el acceso a jubilaciones de privilegio, una medida que el Gobierno considera simbólica y política y que busca marcar una diferencia frente a gestiones anteriores.
El proyecto será enviado al Congreso en las próximas semanas y el oficialismo anticipa un debate intenso. La reforma penal se perfila como una de las principales banderas legislativas del Ejecutivo para el año próximo.
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