La bronca por los salarios congelados ya no es un murmullo en Balcarce 50. Ministros y funcionarios advierten por una fuga de cuadros técnicos en el Gobierno.

En la Casa Rosada ya casi nadie disimula el enojo. El congelamiento salarial al que están sometidos los funcionarios nacionales desde el inicio del gobierno de Javier Milei dejó de ser una anécdota de pasillo y se convirtió en un foco de tensión interna que amenaza con escalar. Aunque el Presidente mantiene el ajuste como emblema de gestión, puertas adentro crece la presión para destrabar una recomposición que, por ahora, sigue en suspenso.

Ministros, secretarios y directores admiten que los salarios quedaron severamente atrasados frente a la inflación de los últimos dos años y que la situación comenzó a impactar en el funcionamiento cotidiano del Estado. “Se están yendo los mejores y se están quedando los que pueden aguantar”, describió ante este medio un funcionario de alto rango que respalda al Gobierno, pero reconoce que el malestar “ya es generalizado”.

El ajuste también gobierna puertas adentro

Desde diciembre de 2023, el Gobierno exhibe el congelamiento de los sueldos políticos como una demostración simbólica de que “la casta también paga el ajuste”. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar fisuras internas: funcionarios que cuentan dificultades para sostener sus gastos, directores que buscan trabajo en el sector privado y equipos técnicos que se desarman lentamente.

En ese contexto, uno de los reclamos más explícitos dentro del gabinete provino del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le advirtió al Presidente que los salarios actuales hacen imposible atraer profesionales calificados. La respuesta fue tajante: no hay margen político para habilitar aumentos.

Según fuentes oficiales, cualquier decisión quedará en manos del propio Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A ese núcleo se suma inevitablemente el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberá destrabar las partidas necesarias en caso de avanzar con una revisión salarial.

Sueldos que quedaron desfasados

La comparación con el Congreso y el Poder Judicial es una de las principales fuentes de desgaste interno. Mientras un diputado nacional ronda los $7 millones y un senador supera los $9 millones brutos, los salarios del Ejecutivo quedaron muy por debajo de esos números.

Hoy, el Presidente cobra alrededor de $4 millones; un ministro, poco más de $3,5 millones; un secretario, cerca de $3,2 millones; y un subsecretario no llega a $3 millones. Para muchos, la brecha resulta difícil de justificar, sobre todo cuando los propios dirigentes libertarios cuestionan duramente los ingresos de legisladores y jueces.

Ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel evitó referirse al tema. Meses atrás, cuestionó públicamente su salario y expuso el contraste con otros cargos del Estado. Aquellas declaraciones incomodaron al oficialismo, pero reflejaron un malestar que hoy atraviesa todos los niveles de la administración.

El dilema político

En la mesa chica del Gobierno saben que autorizar una recomposición salarial implicaría pagar un costo político. La decisión chocaría de frente con el relato del ajuste permanente y la idea de que “los políticos no se suben el sueldo”. En un contexto donde las paritarias siguen controladas y el empleo público continúa en proceso de achique, la medida podría desatar una tormenta mediática.

Sin embargo, algunos sectores del oficialismo creen que la postergación indefinida es aún más riesgosa. “Cuanto más lo estires, peor. No queda mucho margen”, sostienen en un despacho clave.

En los pasillos se especula con que el verano podría ser la ventana elegida para resolver el tema. Con la atención pública más dispersa y el Gobierno envalentonado tras la elección legislativa, enero aparece como una fecha posible para blanquear la decisión.