Después de casi una década sin emisiones en moneda extranjera bajo ley argentina, el Gobierno nacional lanzará un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029. La operación apunta a refinanciar vencimientos inmediatos y evaluar la reacción del mercado.

Después de ocho años sin recurrir al financiamiento en dólares en el mercado local, la Argentina vuelve a emitir deuda en moneda extranjera bajo legislación nacional. El Ministerio de Economía anunció la salida de un nuevo bono con vencimiento en noviembre de 2029, en una operación que busca cubrir vencimientos relevantes de corto plazo y, al mismo tiempo, testear el apetito de los inversores por riesgo argentino en el nuevo escenario macroeconómico.

El responsable de la estrategia financiera es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien enfrenta un mes de enero cargado de compromisos en dólares. Solo en concepto de capital e intereses, el Estado deberá afrontar pagos cercanos a los USD 4.300 millones, motivo por el cual el Ejecutivo decidió volver al mercado doméstico para captar divisas frescas sin recurrir, por el momento, a emisiones bajo legislación extranjera.

El instrumento tendrá un cupón anual del 6,5%, con pagos semestrales de intereses y amortización total al vencimiento, bajo modalidad bullet. Según informó Economía, los fondos obtenidos se utilizarán principalmente para refinanciar los bonos AL29 y AL30, que explican una parte significativa de los pagos pautados para comienzos de 2026.

La decisión de emitir bajo ley local no es casual. Desde el Gobierno sostienen que la prioridad es reconstruir primero la confianza interna antes de dar el paso hacia los mercados internacionales, donde todavía pesan los antecedentes de reestructuraciones e incumplimientos previos.

Qué tasa espera el mercado

El punto central de la discusión está puesto en la tasa de interés que convalidará el mercado. Analistas privados coinciden en que el rendimiento final será de dos dígitos, aunque con margen para una reducción si la demanda supera las expectativas.

Las primeras proyecciones ubican la tasa en una zona cercana al 10% anual, aunque algunas mesas financieras estiman que podría comprimirse a niveles levemente menores si aparece una fuerte participación de inversores institucionales. Para que la colocación cierre en torno al 10%, el precio de corte debería colocarse cerca de los 89 dólares por cada 100 de valor nominal.

El diferencial entre los bonos bajo ley local y los títulos regidos por legislación extranjera continúa siendo una referencia clave para los inversores. En ese marco, el nuevo instrumento quedará anclado a la curva de los Bonares, que aún exhibe rendimientos superiores al promedio regional.

El anuncio tuvo un impacto inmediato: los bonos argentinos registraron mejoras generalizadas y el riesgo país descendió hasta ubicarse en torno a los 627 puntos básicos, reflejando una lectura positiva por parte del mercado respecto al regreso al financiamiento voluntario.

Para economistas y operadores, esta licitación no es solo una operación de corto plazo: es una señal política y financiera. El Gobierno se juega buena parte de su credibilidad económica en la magnitud de la demanda y en las condiciones finales de la colocación.

“Lo más importante va a ser el tamaño del libro de ofertas. Si hay una sobreoferta amplia, será una señal clara de que el mercado empieza a confiar nuevamente en la capacidad de pago del país”, coincidieron fuentes del sector financiero.

Una apuesta estratégica

Desde el oficialismo definen la emisión como un ensayo controlado para reabrir el mercado de crédito. La estrategia es avanzar primero en el mercado local, generar referencias de precio y construir una curva más corta antes de intentar regresar al mercado internacional de deuda.

En paralelo, el equipo económico analiza alternativas adicionales, como operaciones de repo con bancos internacionales y reestructuraciones parciales de vencimientos mediante instrumentos híbridos. Incluso, no se descarta que en los próximos meses el Tesoro vuelva a realizar emisiones si el resultado de esta colocación es favorable.

La presión financiera de corto plazo obliga al Gobierno a actuar rápido, pero también con prudencia. La prioridad es cubrir vencimientos sin disparar el costo de financiamiento a niveles incompatibles con la sostenibilidad de la deuda.

En ese marco, el nuevo bono funcionará como termómetro del nivel de confianza que el mercado le asigna a la actual gestión. Una fuerte demanda podría allanar el camino hacia una futura emisión bajo ley extranjera, mientras que una colocación débil obligaría a revisar la estrategia.

La licitación, prevista para el 10 de diciembre, marcará un punto de inflexión: será la primera vez desde 2017 que la Argentina vuelve a buscar dólares en el mercado formal y bajo condiciones de mercado. El resultado será leído no solo como un dato financiero, sino como una señal política de alcance internacional.