La expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad en su departamento de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N° 2 habilitó la apelación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra las recientes restricciones impuestas al régimen de visitas en su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

La discusión sobre el alcance de las visitas a la expresidenta deberá ser definida ahora por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país.

El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, concedió este martes el recurso presentado por la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi. El objetivo de la apelación es rebatir la resolución del 19 de noviembre en la que Gorini modificó el sistema de ingresos al domicilio, luego de que Fernández de Kirchner recibiera a nueve economistas del peronismo, un hecho que el magistrado consideró un incumplimiento de las pautas previas.

La imagen de aquel encuentro tomó estado público y generó la reacción del Tribunal. El juez Gorini resolvió que “la reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”.

Las nuevas reglas impuestas estipulan límites más estrictos para los encuentros. Las visitas no pueden exceder las dos horas de duración, solo se permiten hasta dos veces por semana y la cantidad de asistentes simultáneos no puede superar las tres personas.

Además, cada visita debe ser previamente autorizada de forma expresa e individual, cualquiera fuere el vínculo o finalidad invocada, y requiere una justificación detallada y concreta.

La defensa de la expresidenta argumentó que la decisión de restringir su contacto con el exterior carecía “de sustento lógico y jurídico” y provocaba “un gravamen de naturaleza irreparable”.

Ahora, la defensa de la exmandataria deberá ratificar la apelación ante la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con la reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos si su reclamo no prospera en el ámbito local.