El proyecto impulsado por Javier Milei reavivó el choque con la central sindical, que prepara una movilización y activa el lobby parlamentario y judicial. En la Casa Rosada analizan concesiones puntuales y una contraofensiva política.

La reforma laboral volvió a colocar al Gobierno y a la Confederación General del Trabajo (CGT) en un escenario de confrontación abierta. Tras la decisión de la central obrera de movilizarse el jueves 18 contra la iniciativa oficial, en la Casa Rosada comenzaron a delinearse los primeros movimientos de una contraestrategia política destinada a sostener el corazón del proyecto sin escalar hacia un conflicto total.

El texto definitivo de la reforma dejó en evidencia una interna dentro del propio oficialismo. Mientras el ala política logró morigerar algunos artículos que generaban rechazo inmediato en el sindicalismo, el diseño general de la norma conserva buena parte del enfoque que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, orientado a modificar de raíz el esquema tradicional de relaciones laborales y sindicales.

La CGT, con una conducción recientemente renovada, resolvió debutar con una demostración de fuerza en la calle. La movilización apunta a reunir decenas de miles de personas en Plaza de Mayo y busca enviar un mensaje claro tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso: el sindicalismo no está dispuesto a aceptar una reforma que considere una intromisión del Estado en la autonomía gremial y en la negociación colectiva.

Pese al endurecimiento del discurso, los canales informales de diálogo no se cortaron del todo. Dirigentes sindicales con perfil negociador y emisarios libertarios continúan intercambiando señales, aunque sin resultados concretos.

En el entorno presidencial admiten que existen artículos que podrían revisarse durante el debate parlamentario para descomprimir el conflicto, pero descartan una marcha atrás general.

Uno de los puntos más sensibles para la central sindical es la modificación del régimen de retención de cuotas sindicales. El proyecto establece que los empleadores solo podrán actuar como agentes de retención con autorización expresa del trabajador, lo que, según los gremios, pone en riesgo el financiamiento de las organizaciones y del sistema de obras sociales.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de avanzar hacia un esquema de mayor libertad individual y transparencia.

El sindicalismo también advierte inconsistencias legales que podrían abrir la puerta a una ola de litigios. Especialistas en derecho laboral señalan que la reforma no derogó normas vigentes que obligan a los empleadores a retener aportes, lo que podría generar conflictos judiciales y un escenario de incertidumbre para empresas y trabajadores.

Frente a este panorama, la CGT no limitará su estrategia a la protesta callejera. La central obrera activará gestiones ante gobernadores y legisladores para intentar bloquear la ley en el Congreso y ya analiza posibles impugnaciones judiciales si la norma avanza. El oficialismo, por su parte, confía en sostener los votos necesarios y apuesta a que el desgaste del conflicto juegue a su favor.

En paralelo, dentro del Gobierno circula la idea de responder con mayor firmeza en otros frentes sensibles para el sindicalismo, como la administración de fondos vinculados a las obras sociales.

Aunque nadie habla públicamente de represalias, el solo trascendido de una distribución más restrictiva encendió alarmas en los gremios, que advierten sobre el impacto financiero que tendría la reforma en el sistema de salud sindical.