El Parlamento nacional sancionó apenas 11 leyes durante el período ordinario y registró el nivel más bajo de actividad normativa de los últimos diez años. Vetos presidenciales, sesiones especiales y una oposición fortalecida marcaron un año atravesado por la tensión entre el Ejecutivo y ambas cámaras.

El Congreso de la Nación concluyó el período ordinario de sesiones de 2025 con un dato elocuente: solo se sancionaron 11 leyes, el número más bajo de la última década. El balance reflejó un funcionamiento legislativo atravesado por la confrontación política, la debilidad parlamentaria del oficialismo y una oposición que logró imponer su agenda en el recinto.

Según el informe anual elaborado por Directorio Legislativo, el bajo nivel de producción normativa estuvo acompañado por una dinámica parlamentaria irregular. A lo largo del año se realizaron apenas 22 sesiones, de las cuales casi la mitad fueron convocadas de manera especial, un indicador de la dificultad para sostener una agenda legislativa estable y consensuada.

El escenario estuvo marcado por la fragmentación política y por la falta de acuerdos estructurales. Con una bancada reducida en ambas cámaras, La Libertad Avanza no logró convertir en ley ninguna de sus iniciativas durante el período ordinario.

En contrapartida, las normas sancionadas respondieron mayoritariamente a proyectos impulsados por bloques opositores o a expedientes heredados de gestiones anteriores.

Uno de los rasgos distintivos del año fue el uso intensivo de herramientas reglamentarias por parte de la oposición. En 2025 se registraron 20 emplazamientos a comisión, una cifra inédita que expuso la estrategia de forzar el tratamiento de proyectos que el oficialismo buscaba postergar. Este mecanismo se convirtió en una de las principales vías para condicionar la agenda parlamentaria del Ejecutivo.

Las leyes aprobadas incluyeron iniciativas sensibles, como aumentos jubilatorios, la emergencia en discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales, la emergencia en salud pediátrica, modificaciones en los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias y la declaración de emergencia en Bahía Blanca, entre otras. Ninguna de ellas fue impulsada originalmente por el Gobierno.

La respuesta del Poder Ejecutivo se expresó en el uso reiterado del veto presidencial. Siete de las 11 leyes sancionadas fueron vetadas por Javier Milei, y en tres casos el Congreso logró insistir y revertir la decisión, profundizando la disputa institucional entre ambos poderes.

A esto se sumó un mayor control sobre los decretos de necesidad y urgencia: cinco DNU fueron rechazados durante el año, una señal de mayor autonomía del Parlamento frente al Ejecutivo.

Este contexto consolidó a 2025 como un año en el que el Congreso funcionó principalmente como un espacio de control político, más que como un ámbito de construcción de consensos. La confrontación permanente impactó directamente en la productividad legislativa y dejó un saldo normativo mínimo, incluso en comparación con años atravesados por crisis económicas o sanitarias.

No obstante, el panorama podría modificarse de cara a 2026. Tras las elecciones legislativas de octubre, la nueva composición del Congreso abrió una ventana de oportunidad para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y el PRO conformaron la primera minoría, mientras que en el Senado el interbloque libertario se consolidó como segunda fuerza.

El desafío para el Gobierno será transformar esa nueva correlación de fuerzas en acuerdos concretos. De lograrlo, podría dejar atrás una estrategia defensiva y avanzar con una agenda propia.