Tras quedar abierta la causa, el juez Marcelo Aguinsky dispuso una batería de medidas para reconstruir el entramado patrimonial detrás de una mansión y decenas de vehículos de alta gama secuestrados en un exclusivo barrio bonaerense.

La investigación judicial por la presunta utilización de testaferros para ocultar bienes de alto valor en Pilar ingresó en una etapa decisiva. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky resolvió levantar el secreto de sumario y avanzar con una serie de medidas destinadas a determinar quiénes son los verdaderos propietarios de una mansión y más de 50 autos de lujo incautados durante recientes allanamientos.

La decisión del magistrado permitió que el expediente quede formalmente abierto a las partes y habilitó el envío de múltiples requerimientos a organismos públicos y empresas privadas, con el objetivo de reconstruir el movimiento patrimonial, financiero y logístico de los involucrados. La causa tiene como eje a la firma Real Central SRL y a dos personas físicas que figuran como titulares o vinculados a los bienes bajo investigación.

Entre las primeras órdenes, el juzgado solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que remita información detallada sobre todas las pólizas contratadas para vehículos asociados a la sociedad investigada, incluyendo la forma de pago y la existencia de seguros vinculados a embarcaciones o aeronaves. La intención es establecer no solo la titularidad formal, sino también quién afrontaba los costos reales de mantenimiento de los bienes.

En paralelo, los Registros de la Propiedad Automotor deberán informar quiénes estaban habilitados a conducir los vehículos secuestrados mediante cédulas azules, un dato clave para identificar posibles usuarios habituales de los autos de alta gama. A esto se suma un pedido a empresas de rastreo satelital para conocer si las unidades contaban con dispositivos de geolocalización activos y, de ser así, reconstruir recorridos y movimientos recientes.

Otro punto central de la investigación es la vivienda ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, donde se hallaron gran parte de los bienes. El juez ordenó relevar a nombre de quiénes se encontraban contratados los servicios de telefonía, internet y seguridad privada en ese domicilio. También se requirió información sobre el sistema de cerco eléctrico del predio, con el fin de establecer quién controlaba el monitoreo y acceso al lugar.

La pesquisa incluye además un pedido a la Secretaría de Transporte para determinar si las personas investigadas cuentan con tarjetas SUBE y, en caso afirmativo, conocer los trayectos realizados en el último mes. Según fuentes judiciales, este tipo de cruces busca contrastar estilos de vida, desplazamientos y patrones de consumo con los ingresos declarados.

En la resolución, Aguinsky también dejó constancia de que aún no se había cumplido en su totalidad una orden previa de embargo preventivo sobre el inmueble y los bienes muebles encontrados, dispuesta por otro juzgado interviniente. Por ese motivo, reiteró la necesidad de asegurar la custodia y conservación del patrimonio bajo investigación mientras avanza la causa.

En cuanto al encuadre judicial, el magistrado decidió postergar la definición sobre la competencia territorial del expediente, priorizando la urgencia de las medidas probatorias. De acuerdo con resoluciones previas de la Cámara, en esta etapa del proceso se encontraría comprometido principalmente el orden económico y financiero, lo que justifica la intervención del fuero penal económico.

Con el levantamiento del secreto de sumario y la activación de estas diligencias, el foco ahora está puesto en determinar si los bienes secuestrados responden a un esquema de ocultamiento patrimonial y quiénes fueron, en los hechos, sus beneficiarios finales.