La Justicia analiza denuncias contra Marcelo Porcel que incluyen corrupción de menores, encuentros con alcohol y compensaciones económicas. Las familias de las víctimas piden que se agilicen las medidas procesales contra el imputado.

Una investigación judicial tiene como imputado a Marcelo Porcel, empresario y padre de un alumno del Colegio Palermo Chico, por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y delitos conexos. La causa se originó a partir de los relatos de seis compañeros de su hijo y, con el correr de los meses, ya son diez los adolescentes que declararon ante la Justicia.

Según el expediente, los hechos habrían ocurrido en distintos ámbitos privados vinculados al imputado: departamentos en la torre Le Parc de Palermo, otro inmueble cercano y oficinas ubicadas en el centro porteño.

La denuncia fue presentada en julio de 2024 y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, con intervención de la Fiscalía N°1. El proceso se encuentra en etapa de instrucción.

A poco de iniciada la causa, el juez dictó una medida cautelar que prohíbe a Porcel cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas y sus familias, además de impedirle acercarse al colegio y a un club deportivo frecuentado por los denunciantes.

Los testimonios judiciales describen un patrón de acercamiento progresivo: participación activa del adulto en actividades deportivas y sociales, organización de reuniones con adolescentes, provisión de alcohol y ofrecimiento de dinero o premios como incentivos. Con el tiempo, según relataron los menores, esas conductas derivaron en situaciones de manipulación y abuso, en un contexto de fuerte asimetría de poder.

La causa incorporó declaraciones en cámara Gesell, peritajes psicológicos y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos. Pese a ello, el imputado aún no fue llamado a indagatoria, decisión que generó malestar entre las familias y pedidos formales de la Defensoría de Menores para acelerar las medidas procesales, incluida la prohibición de salida del país.

Desde el colegio informaron que activaron los protocolos correspondientes y que la familia ya no integra la comunidad educativa. Mientras tanto, las víctimas y sus padres reclaman que la investigación avance y que el silencio deje de ser un obstáculo para la búsqueda de justicia.