Una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad encendió las alarmas en Casa Rosada tras descubrir nuevas inconsistencias en el padrón del Certificado Único. Analizan denunciar por estafa.

En medio de la tensión política por la Ley de Emergencia en Discapacidad y la discusión del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional aseguró haber detectado una grave irregularidad en el sistema de asistencia estatal: cerca de 180 mil personas que figuran como fallecidas continúan registradas como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El hallazgo surgió a partir de una auditoría integral impulsada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluyó un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Según fuentes oficiales a las que accedió Infobae, la verificación permitió identificar que miles de certificados no habían sido dados de baja pese a que sus titulares ya no estaban con vida.

La investigación se aceleró tras la salida de Diego Spagnuolo de la conducción del organismo, envuelto en un escándalo por la difusión de audios que sugerían posibles maniobras irregulares dentro del área. En su reemplazo fue designado el sanitarista Alejandro Vilches, quien avanzó con una revisión profunda del padrón y autorizó la anulación de los certificados observados.

En Balcarce 50 consideran que no se trata de simples errores administrativos. “Es una estafa al Estado”, admiten en el entorno del Ejecutivo, donde evalúan judicializar no solo a quienes habrían seguido cobrando beneficios de manera indebida, sino también a prestadores y responsables de validar esas prestaciones. La hipótesis oficial apunta a posibles circuitos de connivencia que habrían permitido sostener pagos irregulares durante años.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte, pensiones y beneficios económicos. Su otorgamiento depende de juntas evaluadoras interdisciplinarias, lo que refuerza la preocupación oficial sobre la dimensión estructural del problema detectado.

La auditoría sobre la ANDIS fue dispuesta a fines de agosto y aún no está cerrada. En el Gobierno anticipan que los resultados finales podrían darse a conocer durante el primer trimestre de 2026. Además de las inconsistencias en el padrón, también se revisan contratos, compras de medicamentos y procedimientos internos que, según admiten fuentes oficiales, muestran “fallas graves de control”.

El tema adquirió mayor sensibilidad en la agenda pública luego de que el Gobierno intentara avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Presupuesto 2026, una jugada que encontró resistencia tanto en la oposición como en gobernadores aliados. Ante ese escenario, el oficialismo evalúa ahora alternativas legislativas mientras busca mostrar que el foco está puesto en auditar abusos sin recortar derechos.

En ese contexto, el caso de los certificados activos de personas fallecidas se convirtió en uno de los argumentos centrales del Gobierno para iniciar una revisión profunda del sistema. La definición sobre eventuales denuncias penales dependerá del avance del entrecruzamiento de datos y de la identificación de responsabilidades concretas.