Tras los dictámenes logrados en Diputados, el Gobierno busca convertir en ley el proyecto y avanzar con reformas sensibles antes de fin de año. El Senado aparece como el próximo campo de batalla, con apoyos ajustados.

El Gobierno nacional ajusta por estas horas su estrategia parlamentaria con un objetivo central: lograr la sanción del Presupuesto 2026 y avanzar con el paquete de reformas incluidas en el temario de sesiones extraordinarias. Luego de una semana intensa en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo consiguió los dictámenes necesarios y aprobaciones clave, todas las miradas están puestas ahora en el Senado, donde el escenario aparece más fino y requiere un delicado equilibrio político.

La Libertad Avanza se encamina a defender el primer presupuesto integral de su gestión, un proyecto que llega a la Cámara alta con modificaciones relevantes introducidas por Diputados. Entre ellas, la eliminación de un capítulo completo que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que generaron fuerte resistencia política y social y que el oficialismo considera incompatibles con su política de déficit cero.

Desde la Casa Rosada reconocen que esos dos puntos siguen siendo un foco de tensión. Sin embargo, la conducción política del espacio libertario sostiene que la solución no llegará a través del Presupuesto, sino mediante herramientas alternativas que permitan ordenar el impacto fiscal sin resignar el equilibrio de las cuentas públicas.

Esa discusión se da en una mesa chica que integran, entre otros, Patricia Bullrich, referente central del oficialismo en el Senado; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En ese marco, el oficialismo ya se prepara para distintos escenarios. En Diputados, el líder riojano activó una señal de alerta y pidió a legisladores propios y aliados que reserven pasajes para una eventual sesión el 30 de diciembre.

La prevención responde a la posibilidad de que el Senado introduzca cambios en el texto del Presupuesto o avance con alguna norma complementaria vinculada al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, lo que obligaría a una nueva votación en la Cámara baja.

La sesión en el Senado está convocada para el viernes 26 de diciembre al mediodía. Allí se debatirá el Presupuesto 2026 y también las modificaciones al Régimen Penal Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para enviar señales al mercado y consolidar el rumbo económico.

Si bien Unión por la Patria anticipó su rechazo, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios con una combinación de apoyos propios y aliados circunstanciales. El bloque libertario cuenta con 21 senadores y apuesta a sumar a sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. No obstante, ya aparecieron objeciones.

Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo cuestionó con dureza el reparto de fondos y advirtió que el Presupuesto no contempla adecuadamente las deudas del Estado nacional con las provincias que mantienen sus cajas previsionales. El caso de Córdoba fue uno de los ejemplos más citados en los pasillos del Congreso.

A pesar de esas críticas, en el oficialismo sostienen que el dictamen aprobado en Diputados es la llave para sostener los acuerdos. Incluso dentro del radicalismo dejaron trascender que acompañarán siempre y cuando el Senado no altere el texto votado por la Cámara baja.

Mientras tanto, en la Cámara baja reconocen que será necesario recomponer vínculos con algunos aliados, especialmente con el PRO, luego de los cortocircuitos generados por la designación de auditores de la AGN, una jugada que despertó acusaciones cruzadas y sospechas de acuerdos inesperados.

En cuanto a la reforma laboral, el oficialismo planea llevarla al recinto del Senado recién en febrero, lo que implicará un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Allí, la oposición ya anticipó resistencia y movilización sindical, lo que anticipa un 2026 cargado de tensión política y social.