Levantaron el secreto bancario, fiscal y financiero de Pablo Toviggino, la mano derecha de “Chiqui” Tapia

La decisión del juez Marclo Aguinsky busca acceder a información sobre movimientos de cuentas e ingresos declarados. La medida alcanza a familiares y supuestos testaferros del tesorero de la AFA.

La investigación judicial sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, avanzó este viernes con una resolución clave del juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky.

El magistrado ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero no solo del dirigente, sino también de sus familiares directos, presuntos testaferros y un complejo entramado de empresas. La medida busca acceder a información sensible sobre movimientos de cuentas e ingresos declarados para determinar si existe una vinculación real entre el patrimonio de los investigados y el entorno del dirigente deportivo.

El alcance de la resolución judicial incluye a personas señaladas como supuestos intermediarios, entre ellos Luciano Nicolás Pantano, Mauro Javier Paz y Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero y socio en varias de las firmas bajo sospecha.

Asimismo, el levantamiento de secreto afecta a sociedades como Wicca, Soma, Mendoza Wines y Central Park Drink (actualmente denominada Real Central). Según fuentes judiciales, el objetivo central es reconstruir el flujo de dinero para identificar quiénes financiaron bienes de alto valor que no figuran formalmente a nombre del dirigente pero que estarían vinculados a su círculo íntimo.

En el expediente ya se analizan documentos sobre el mantenimiento de una lujosa propiedad y una flota de autos de alta gama, incluyendo el pago de servicios y sistemas de seguridad. Un punto que captó la atención de los investigadores es el uso de tarjetas de crédito a nombre de presuntos testaferros para cubrir gastos extraordinarios.

Se detectó, por ejemplo, que el costo del seguro anual de algunos modelos de colección, como un Porsche, puede oscilar entre los USD 10.000 y USD 12.000, cifras que la Justicia busca contrastar con la capacidad económica real de quienes figuran como titulares.

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