La polémica por las designaciones en el organismo estatal reavivó el conflicto entre libertarios y amarillos, quienes cuestionaron el procedimiento y presentaron un amparo.

La disputa política por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) sigue escalando y abrió un nuevo foco de tensión entre el PRO y el oficialismo libertario. A casi diez días de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobaron los nombramientos durante el debate del Presupuesto 2026, el espacio amarillo redobló sus cuestionamientos y confirmó que llevará el conflicto a la Justicia.

Desde el bloque amarillo sostienen que la votación que permitió designar a los nuevos auditores fue el resultado de un entendimiento previo entre La Libertad Avanza, el kirchnerismo y bloques provinciales, lo que —según denunciaron— dejó al margen cualquier instancia de negociación real y vulneró normas constitucionales.

En un comunicado difundido en redes sociales, el partido remarcó que el resultado estaba definido de antemano y que su retiro del recinto respondió a la decisión de no legitimar un procedimiento que consideran inválido.

El eje del reclamo apunta a la forma en la que se incorporó el tema al temario de la sesión. De acuerdo con el planteo del PRO, las designaciones se trataron sin dictamen previo, sin debate en comisión y sin que el asunto estuviera habilitado formalmente dentro de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Además, cuestionaron que la votación se haya realizado durante la madrugada y sin difusión anticipada de los antecedentes de los candidatos.

Las designaciones aprobadas incluyen a Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, exdiputada con vínculos políticos con el gobernador salteño Gustavo Sáenz. La intención del Congreso es que los siete auditores —tres designados por Diputados y cuatro por el Senado— asuman en un acto conjunto, aunque el conflicto abierto podría retrasar ese proceso.

La reacción del macrismo no se limitó a la denuncia política. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo para que la Justicia declare la nulidad de la votación. En el escrito, patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, se detalla una serie de supuestas irregularidades formales y se sostiene que el acto legislativo está “viciado de nulidad absoluta”.

Según argumentan en el PRO, permanecer en el recinto, incluso votando en contra, habría implicado convalidar una maniobra que consideran inconstitucional. Por eso, insistieron en que su ausencia no tuvo impacto real en el resultado final, ya que los votos necesarios estaban asegurados por el acuerdo entre el oficialismo y Unión por la Patria.

La tensión se profundizó durante la sesión cuando el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, propuso votar en conjunto la terna de auditores y delegar en la Presidencia de la Cámara la redacción de la resolución final. Esa iniciativa generó fuertes cuestionamientos en el recinto y terminó de quebrar el vínculo con el PRO, que había planteado previamente otras alternativas para cubrir los cargos vacantes.

En el trasfondo del conflicto aparece también una disputa política más amplia entre los macristas y La Libertad Avanza, atravesada por promesas incumplidas y diferencias sobre el reparto de espacios institucionales. Desde el macrismo aseguran que existía un compromiso previo para que uno de los cargos fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca, algo que finalmente no ocurrió.

Mientras el tema avanza en los tribunales, el conflicto por la AGN se suma a una lista creciente de tensiones entre el oficialismo y uno de sus principales aliados parlamentarios, en un escenario político cada vez más fragmentado y con impacto directo en el funcionamiento de los organismos de control del Estado.