La causa por trata de adolescentes en Salta continúa expandiéndose: ya se identificaron 33 víctimas y son nueve los imputados. El juez federal Julio Bavio extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026, debido a nuevas pruebas, peritajes y testimonios en Cámara Gesell que siguen incorporándose al expediente.

La investigación por la red de trata sexual de alumnas de colegios secundarios en Salta sumó nuevas derivaciones judiciales. Este lunes se confirmó que el número de víctimas asciende a 33 adolescentes, mientras que ya son nueve los imputados por su presunta participación en distintos roles dentro de la organización criminal.

El Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo del juez Julio Bavio, resolvió ampliar la imputación penal y extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026, debido al volumen de pruebas pendientes de análisis.

La audiencia en la que se resolvieron estas medidas tuvo lugar el 16 de diciembre y se prolongó durante más de seis horas. Participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la auxiliar fiscal Roxana Gual, el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar -representante de 16 menores-, la abogada querellante Sandra Domene, los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores e Incapaces Gala Emilse Poma.

Una red que se expande: de 3 a 33 víctimas

Al iniciarse la investigación, en septiembre pasado, había apenas tres víctimas identificadas. Tras las detenciones realizadas entre septiembre y noviembre y el avance de las declaraciones en Cámara Gesell, el número se multiplicó exponencialmente.

El trabajo de contención y acompañamiento estuvo a cargo del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, conducida por la psicóloga Verónica Olguín Rufino, cuya intervención permitió que las adolescentes se animaran a contar lo sucedido y a identificar a más involucrados.

La PROTEX, dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, también colabora en las tareas investigativas.

Qué se investiga y qué se encontró

Los investigadores trabajan sobre peritajes a celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados a los acusados, además de analizar transferencias bancarias, chats, fotografías y mensajes de redes sociales.

Varios elementos coinciden con lo relatado por las víctimas y describen un patrón claro:

• captación en inmediaciones de escuelas;
• explotación sexual en hoteles alojamiento ubicados sobre la ruta 26 o en las casas de algunos de los imputados;
• pedidos específicos sobre características físicas, vestimenta y prácticas;
• suministro de un «cóctel de drogas» para facilitar los abusos;
• exigencias para que «lleven más amigas».

En algunos casos, se constató que los imputados amenazaban a las víctimas antes de sus detenciones, hecho que obligó a reforzar las medidas de protección.

Detenciones, roles y nuevas imputaciones

De los nueve detenidos, ocho enfrentan cargos como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por:

• minoridad de las víctimas,
• vulnerabilidad,
• cantidad de casos,
• número de intervinientes,
• consumación de la explotación.

Cinco de ellos están acusados además de integrar una asociación ilícita destinada a la promoción y facilitación de la prostitución.

Otras imputaciones incorporadas:

• tenencia y distribución de material sexual infantil (seis acusados);
• corrupción de menores (uno de los imputados);
• abuso sexual de una menor de 13 años (dos acusados);
• seis hechos de promoción y facilitación de prostitución agravada (dos imputados).

Uno de los captadores sería un estudiante del colegio Juan Carlos Saravia, de barrio Limache, cuya participación está bajo análisis.

Un remisero, señalado como fundador de la red

La primera denuncia fue radicada el 26 de junio del año pasado. La madre de una adolescente revisó su celular tras notar un teléfono de alta gama y encontró mensajes de índole sexual, incluido uno enviado por un remisero que hoy está imputado.

La Justicia secuestró el vehículo utilizado para la captación. Ese imputado es señalado como uno de los iniciadores de la red, encargado de coordinar los encuentros a cambio de dinero.

Los investigadores sostienen que el grupo descartaba a las adolescentes al cumplir los 18 años: «Cuando ya cumplía los 18, las desechaban«, indicaron.

Próximos pasos

El análisis del material secuestrado aún no concluye y podría revelar más delitos y nuevas personas involucradas. Además, continúan realizándose entrevistas en Cámara Gesell, consideradas fundamentales.

El juez Bavio aceptó extender la investigación debido a la complejidad del caso y a la necesidad de garantizar un abordaje integral que resguarde a todas las víctimas.