El Gobierno de Salta oficializó este martes la anulación de adjudicaciones de terrenos fiscales en el Departamento Capital, debido a que los beneficiarios originales no cumplíeron con su ocupación efectiva, disponiendo a través de la medida, publicada en el Boletín Oficial, la reasignación de estos lotes a familias que sí residen en el lugar y han acreditado no poseer otra propiedad, garantizando así el fin social de la tierra.
Al respecto, la normativa se enmarca en el Plan Provincial «Mi Lote», cuyo objetivo central es facilitar el acceso a una vivienda digna para sectores de menores ingresos. Según lo dispuesto, el Ejecutivo dejó sin efecto las adjudicaciones previas tras constatarse que los terrenos no tenían un destino de vivienda familiar y permanente.
Para ser los nuevos beneficiarios, los actuales ocupantes debieron acreditar una residencia efectiva en el inmueble, no haber sido beneficiarios de otros planes habitacionales y cumplir con los requisitos de la Ley Nº 2616. Esta reasignación permite que quienes hoy habitan esos terrenos puedan finalmente regularizar su situación legal, convirtiendo el lote en su vivienda única, familiar y permanente bajo el amparo del Estado provincial.

Respecto a la financiación, los decretos establecen que los terrenos podrán abonarse en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, facilitando el pago a los sectores más vulnerables. A partir de la notificación oficial, todos los impuestos provinciales y municipales quedarán a cargo de los nuevos adjudicatarios. Asimismo, se fijó una restricción estricta que prohíbe vender, alquilar o transferir los lotes sin autorización estatal hasta que se cancele la totalidad de la hipoteca.
En cuanto a la formalización, se instruyó a la Escribanía de Gobierno para instrumentar las escrituras traslativas de dominio con constitución de hipoteca, las cuales estarán exentas de tasas e impuestos, buscando así aliviar la carga económica del trámite para que las familias obtengan su título de propiedad con mayor facilidad. No obstante, se advirtió que cualquier incumplimiento de las obligaciones provocará la caducidad automática de la adjudicación sin derecho a indemnización.





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