Las consecuencias del eventual fracaso del proceso licitatorio por los servicios de limpieza en la Central Nuclear de Atucha tendría como fin mantener los contratos vigentes, que se arrastran de gobiernos anteriores y tienen sobreprecios; Juan Pablo Nolasco, Gerente de Operaciones de la Central Nuclear de Atucha, en la mira

Un proceso licitatorio para la contratación de servicios de limpieza en una empresa estratégica del Estado se encuentra virtualmente paralizado en medio de fuertes cuestionamientos internos. El eje de la controversia no es menor: quien hoy cuestiona los “excesivos” los precios ofertados es el mismo funcionario que, apenas dos años atrás, avaló la adjudicación del servicio con un sobreprecio superior al 300%.

Según documentación a la que tuvo acceso este medio, el funcionario —identificado como Juan Pablo Nolasco, Gerente de Operaciones de la Central Nuclear de Atucha— sostiene que las ofertas presentadas en el proceso actual no resultan razonables desde el punto de vista económico. Ese argumento es el que se utiliza para justificar la falta de avance del procedimiento y la eventual declaración de desierto del llamado.

En el año 2023, las empresas que hoy continúan prestando el servicio fueron adjudicadas en base a un informe técnico-económico elaborado y avalado por el propio Nolasco. Dicho informe convalidó valores que representaban un incremento del 316% respecto de precios de referencia y de antecedentes comparables, sin que consten fundamentos técnicos sólidos que expliquen semejante desvío.

Demian Reidel

Las consecuencias del eventual fracaso del proceso licitatorio actual tendría como fin mantener los contratos vigentes con sobreprecios de las mismas empresas beneficiadas por aquella adjudicación cuestionada. En ese contexto, distintas fuentes advierten que la evaluación de precios podría estar siendo utilizada como una herramienta para direccionar el resultado del proceso y evitar la entrada de nuevos competidores.

“No se trata de una diferencia de criterio técnico. Es una contradicción objetiva”, señaló a este medio una fuente con conocimiento directo del expediente. “Si hoy los precios son excesivos, entonces lo eran mucho más en 2023. Y, sin embargo, en aquel momento no solo no se objetaron, sino que se avalaron expresamente”.

El punto central que inquieta a los auditores internos no es únicamente el impacto económico, sino el trato desigual entre oferentes y la posible vulneración de los principios de transparencia, concurrencia y razonabilidad que deben regir toda contratación pública. La reiteración de decisiones que terminan beneficiando a los actuales prestadores, sumada al antecedente de un sobreprecio de magnitud, alimenta sospechas que exceden lo meramente administrativo.

Por estas horas, el foco está puesto en determinar si se trató de errores de evaluación, negligencia grave o algo más. La documentación existente ya habría motivado pedidos de revisión integral de las actuaciones en las que intervino el funcionario, así como la eventual intervención de instancias de control y de integridad.

Se abrió una fuerte disputa interna: la nueva gestión encabezada por Demian Reidel avanza contra la denominada “casta nuclear”, integrada por gerentes y exgerentes con más de 25 años en la empresa: Juan Pablo Nolasco, Diego Garde, Martín Reina, entre otros; atornillados a los escritorios, con sueldos millonarios y poder interno, que resisten auditorías, cambios y la revisión de prácticas heredadas

En un contexto donde la transparencia en el uso de fondos públicos es una demanda creciente, el caso plantea una pregunta incómoda: ¿cómo puede un mismo funcionario rechazar hoy por “caros” precios que ayer consideró aceptables aun cuando implicaban un sobrecosto del 316%?