La hipótesis se desprende de un listado de 13 personas en la que se encuentran el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

La investigación judicial sobre la mansión de Pilar puso el foco en un listado de 13 personas señaladas como los presuntos dueños reales de la propiedad. Entre los nombres más destacados figuran el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El documento, al que accedió Clarín, revela que la justicia sospecha de un complejo entramado societario utilizado para ocultar a los verdaderos propietarios, sugiriendo que la casa habría sido adquirida con fondos de la AFA.

La causa detalla que los actuales titulares formales, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, carecen de la capacidad económica para poseer el inmueble.

Sin embargo, el vínculo con la AFA es estrecho: Pantano poseía una tarjeta de crédito corporativa de la entidad con la que realizó gastos mensuales de 50 millones de pesos durante 2025 para pagar servicios personales. Además, en la vivienda se hallaron vehículos con cédulas azules a nombre de familiares de Toviggino, un bolso de la asociación y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre del tesorero.

El listado de sospechosos incluye a Juan Pablo Beacon, mano derecha de Toviggino, y a diversos integrantes de la firma Malte SRL, empresa que en 2017 le compró el terreno al exjugador Carlos Tevez.

También figura Darío Toviggino, hermano del tesorero, vinculado a la empresa SOCMA, que formó parte de la mencionada sociedad. La justicia investiga el origen de los fondos en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino, donde se fundó Malte SRL en 2016 antes de iniciar la cadena de transferencias del inmueble.

A pesar de que dos pilotos de helicóptero realizaron 54 vuelos a la finca, ambos declararon ante el juez Marcelo Aguinsky que “no recordaban a ningún pasajero” ni conocían a los 13 implicados.

Tras esta etapa de recolección de pruebas, la Cámara Federal de San Martín dispuso que el expediente pase a la justicia federal de Campana. Con este cambio de jurisdicción, se inicia una nueva fase para determinar si, como sostiene la hipótesis principal, la mansión de Pilar constituye un caso de desvío de fondos y lavado de dinero.