El Gobierno acelera el proceso para transferir al sector privado su participación mayoritaria en la empresa de agua y saneamiento y apunta a publicar los pliegos entre febrero y marzo.

El Gobierno nacional avanza con uno de los procesos más sensibles de su agenda económica para 2026: la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según fuentes oficiales, el objetivo es cerrar los últimos detalles técnicos y administrativos para lanzar el pliego de venta antes de que finalice el primer trimestre del año, con la intención de formalizar la operación entre febrero y marzo.

La iniciativa se enmarca en el plan de desinversión del Estado en empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei, que tuvo su respaldo legislativo con la aprobación de la Ley Bases. La compañía fue incluida desde el inicio entre las compañías habilitadas para ser privatizadas, y durante 2025 el Ejecutivo avanzó con una serie de medidas preparatorias para allanar el camino.

Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del capital accionario de la empresa, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

De acuerdo con el esquema previsto, el pliego contemplará la venta de al menos el 51% de las acciones para garantizar el control mayoritario por parte de un operador privado, aunque el tope máximo a transferir será el total de la participación estatal.

En el oficialismo explican que la privatización busca reducir el peso del gasto público, atraer inversiones y mejorar la eficiencia del servicio. En ese sentido, el Gobierno ya aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, con el objetivo de ordenar las cuentas de la compañía, optimizar procesos internos y presentar a AySA como una empresa más atractiva para potenciales compradores.

Si bien el proceso se maneja con fuerte hermetismo, en el mercado ya circulan algunos nombres de grupos que estarían analizando la operación. Entre ellos se mencionan empresas con experiencia en servicios públicos, tanto de origen local como internacional.

En ese grupo aparecen el holding argentino Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamento, aunque desde el Gobierno evitan confirmar intereses concretos hasta la publicación oficial del pliego.

Una vez concretada la privatización, el control del funcionamiento de la empresa quedará en manos de los organismos regulatorios. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento será responsable de supervisar tarifas, calidad del servicio y atención a los usuarios, mientras que la Agencia de Planificación tendrá a su cargo el seguimiento de las inversiones y la estrategia de expansión de la red.

La venta de AySA no es un hecho aislado. Forma parte de una segunda etapa del programa de privatizaciones que el Ejecutivo prevé profundizar durante 2026, y que también incluye compañías como Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

En la Casa Rosada sostienen que el avance sobre estas empresas será clave para consolidar el rumbo económico y cumplir con los objetivos de ajuste y desregulación planteados desde el inicio de la gestión.