La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una nueva denuncia contra la entidad por presuntas irregularidades fiscales y el pago a empresas que no pudieron ser localizadas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó nuevamente en el centro de una investigación fiscal tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo detectó una serie de operaciones que incluyen pagos millonarios sin respaldo suficiente y la utilización de proveedores que, según los registros oficiales, no cuentan con capacidad operativa real o directamente no existen en los domicilios declarados.

De acuerdo con la presentación, el monto bajo análisis asciende a unos 235 millones de pesos, aunque desde el organismo fiscalizador no descartan que la cifra pueda incrementarse a medida que avance la investigación.

La denuncia apunta a una presunta maniobra destinada a justificar la salida de fondos mediante facturación apócrifa, lo que habría permitido ocultar el destino final del dinero y eludir controles fiscales.

Fuentes judiciales aclararon a TN que se trata de una denuncia nueva, independiente de otras causas en trámite, y que surge a partir de tareas específicas de fiscalización y de un análisis sistémico de información tributaria.

Este nuevo frente se suma al complejo escenario judicial y administrativo que enfrenta la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien también mantiene un conflicto abierto con la Inspección General de Justicia (IGJ) por la presentación de balances y documentación contable.

El eje central de la denuncia está puesto en al menos 15 sociedades comerciales que habrían facturado servicios a la AFA sin que exista una correlación razonable entre los montos cobrados, los trabajos declarados y la estructura económica de las firmas. Entre las empresas mencionadas figuran ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Albamonte Construcciones S.R.L., Central Hotel S.R.L. y LPH Event S.A., entre otras.

Uno de los casos más llamativos es el de ID Constructora S.R.L. Según la DGI, la firma no pudo ser ubicada en su domicilio fiscal, que se encontraba cerrado y sin actividad visible. Vecinos del lugar aseguraron desconocer la existencia de la empresa, que además no respondió a los requerimientos formales del organismo.

Pese a ello, habría facturado a la AFA cerca de 45 millones de pesos por tareas de mantenimiento y restauración entre 2023 y 2024. El relevamiento fiscal reveló una fuerte inconsistencia: mientras declaró una facturación anual superior a los 2.900 millones de pesos, las acreditaciones bancarias apenas superaron los 400 mil pesos.

Una situación similar se detectó con Meroka S.R.L., cuyo domicilio fiscal corresponde a un edificio residencial donde los ocupantes negaron conocer a la empresa. En 2023 declaró ingresos por más de 560 millones de pesos, aunque sus movimientos bancarios fueron considerablemente menores. Para la AFA, la firma facturó casi 7 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza, pese a contar con una estructura mínima y un objeto social que abarca actividades disímiles, desde gastronomía hasta servicios de salud.

La denuncia también detalla irregularidades en Maxstore S.A., una firma que modificó su actividad declarada hacia la construcción de obras civiles poco antes de comenzar a facturarle a la AFA. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal, que sería utilizado para alquileres temporarios.

Según ARCA, presenta inconsistencias fiscales y vínculos societarios con otros contribuyentes calificados como no confiables.

Otro caso incluido es el de Central Hotel S.R.L., cuya actividad principal declarada es la hotelería, pero que facturó casi 10 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza.

La empresa no registra empleados ni bienes, y presenta un nivel de acreditaciones bancarias incompatible con los montos facturados. Además, la DGI consignó que cheques emitidos por la AFA habrían sido utilizados para operaciones ajenas a los servicios declarados.

Desde la AFA, por el momento, no hubo una respuesta pública detallada sobre esta nueva denuncia. Mientras tanto, la investigación avanza y suma presión sobre la cúpula de la entidad madre del fútbol argentino, en un contexto de creciente escrutinio judicial y fiscal sobre su manejo financiero.