Mientras el Gobierno busca avanzar con el proyecto en el Congreso, las pequeñas y medianas empresas volvieron a manifestar reparos y reclaman modificaciones para evitar mayor litigiosidad.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvió a encender señales de alerta por el proyecto de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado en las próximas semanas.

Desde la entidad advirtieron que, si bien acompañan la idea de modernizar el régimen laboral, el texto actual genera incertidumbre jurídica y un clima de desconfianza hacia el sector empresario.

El presidente de la CAME, Ricardo Diab, reclamó ajustes puntuales en varios artículos del proyecto, en especial aquellos vinculados a la prohibición de los aportes obligatorios para asociaciones empresarias, un punto que considera “una señal de animosidad” contra las cámaras que representan a las pymes.

En ese marco, representantes de la CAME, junto a dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), enviaron un documento a la Cámara Alta con observaciones técnicas sobre al menos cinco artículos del proyecto. Además, mantuvieron reuniones con equipos asesores del oficialismo para acercar una contrapropuesta.

Diab explicó que el objetivo no es frenar la reforma, sino mejorar su implementación. “Acompañamos una modernización laboral que genere empleo y no quite derechos, pero necesitamos reglas claras. Hoy la mayor preocupación es la incertidumbre al momento de desvincular personal, porque la ley termina generando cifras imprevisibles”, señaló en declaraciones radiales.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta al artículo que elimina los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias, mientras mantiene ese esquema para los sindicatos.

“Se prohíbe específicamente a un sector que cumple un rol de representación. Eso no es neutralidad, es una toma de posición”, sostuvo el dirigente.

Otro punto sensible es el que habilita la renegociación de los convenios colectivos una vez vencidos. Según CAME, esto le otorga al Estado un margen excesivo de intervención.

“Si empleadores y trabajadores alcanzan un acuerdo, no debería existir la posibilidad de que el Gobierno lo revise o lo frene”, advirtió Diab.

También generó preocupación un artículo que permite suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas” o “interés general”. Desde la entidad entienden que esa redacción abre la puerta a conflictos futuros y a una mayor judicialización.

En paralelo, el debate dejó en evidencia un fuerte contrapunto dentro del propio universo pyme. Desde la Cámara de la Pyme Metalúrgica, alineada con sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA), ratificaron su respaldo pleno al proyecto oficial y cuestionaron a las cámaras que reclaman cambios.

“Hay asociaciones que buscan proteger privilegios y sostener esquemas de financiamiento que no representan las verdaderas necesidades de las pymes”, señalaron desde Camima, que reiteró su rechazo a los aportes obligatorios y defendió la reforma como una herramienta para reducir la litigiosidad y promover el empleo formal.

Mientras el Gobierno insiste en avanzar sin modificaciones sustanciales, el escenario muestra un empresariado fragmentado y un debate que promete intensificarse en el Congreso. Las pymes, en el medio, reclaman previsibilidad para invertir y contratar en un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre.