El Gobierno ratificó su intención de mantener un fuerte control sobre las negociaciones salariales. La pauta apunta a que los aumentos por convenio no superen el ritmo de los precios.

Mientras avanza en el diseño de una ambiciosa reforma laboral, el Gobierno nacional volvió a dejar en claro que no está dispuesto a aflojar el control sobre las paritarias. Con la inflación de diciembre ubicada en 2,8% y señales de persistencia en los primeros meses del año, el Ejecutivo definió sostener un esquema de topes salariales que buscará extender, al menos, hasta marzo.
Según informaron fuentes oficiales a TN, la pauta que guiará las negociaciones colectivas durante el primer trimestre contempla incrementos mensuales que no superen el 2%. La previsión oficial es que los acuerdos homologados se ubiquen en torno al 2% en enero, bajen levemente a 1,9% en febrero y vuelvan a ajustarse a la baja en marzo, con un techo cercano al 1,8%.
La estrategia forma parte del plan económico que impulsa el Ministerio de Economía, que considera a los salarios como una de las principales anclas para contener el avance de los precios.
Desde el inicio de la gestión libertaria, la Secretaría de Trabajo adoptó una postura restrictiva a la hora de validar convenios colectivos, con la decisión política de no homologar aumentos que superen la inflación proyectada.
En el oficialismo sostienen que permitir subas salariales por encima de ese umbral podría recalentar la economía y trasladarse rápidamente a precios. Durante gran parte de 2025, esa lógica se tradujo en pautas mensuales que oscilaron entre 1% y 1,5%, incluso cuando la inflación comenzó a mostrar señales de aceleración.
Salarios bajo presión y caída del poder adquisitivo
El impacto de esa política comenzó a sentirse con fuerza en los ingresos reales. Distintos informes privados advierten que la brecha entre inflación y salarios se amplió a lo largo del año pasado.
De acuerdo con un relevamiento de la consultora C-P, hacia noviembre de 2025 el salario promedio de los principales convenios acumulaba una pérdida real cercana al 4,5% respecto de comienzos de ese año.
La situación también alcanzó al sector privado formal. Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, hasta octubre, los salarios registrados acumularon tres meses consecutivos de caída en términos reales, en un contexto de negociaciones cada vez más tensas entre empresas y sindicatos.
“El deterioro salarial fue generalizado. En los últimos meses, solo una minoría de los sectores logró recuperar poder de compra mes a mes”, señalaron desde la consultora.
Según el informe, la rigidez de la pauta oficial derivó en reaperturas paritarias con mayor nominalidad hacia el cierre del año, aunque insuficientes para compensar las pérdidas acumuladas.
Un escenario complejo para 2026
El Gobierno reconoce que la desaceleración inflacionaria se volvió más difícil de sostener por debajo del 2% mensual, pero insiste en mantener la disciplina salarial como eje central de su programa. En ese marco, el tope a las paritarias se convierte en una herramienta clave mientras se discuten cambios estructurales en el mercado laboral.
Para los gremios, en cambio, el panorama es cada vez más delicado. La combinación de inflación persistente y aumentos limitados amenaza con profundizar el estancamiento de los salarios reales en los próximos meses, lo que anticipa un escenario de mayor conflictividad en las negociaciones que se avecinan





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