La causa por presunto lavado de activos avanza y apunta a una estructura organizada para encubrir maniobras ilegales.

La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos sumó en las últimas horas un dato de alto impacto: la Justicia logró acreditar la existencia de un plan sistemático, organizado y jerárquico destinado a eliminar pruebas clave antes y después de los allanamientos ordenados en diciembre de 2025.

La investigación compromete a directivos y empleados de la empresa que encabeza Ariel Vallejo, un empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Ariel Vallejo, financista cercano a Chiqui Tapia.

El expediente tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, y se apoya en una extensa reconstrucción de chats internos, testimonios y material secuestrado. Según surge de la causa, entre el 1° y el 11 de diciembre se activó un verdadero “protocolo de emergencia” para borrar rastros de la operatoria financiera de la firma.

Las medidas incluyeron el borrado de grabaciones de cámaras de seguridad, el formateo masivo de computadoras, la desconexión de sistemas informáticos, el retiro de CPUs y teléfonos celulares, además del movimiento de dinero en efectivo y el ocultamiento de documentación sensible. Para los investigadores, no se trató de hechos aislados sino de una maniobra coordinada para obstaculizar la acción judicial.

Uno de los episodios centrales quedó documentado en la madrugada del 1° de diciembre de 2025. A través de mensajes internos, Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, impartió instrucciones directas a la tesorera Micaela Sánchez, hoy procesada con arresto domiciliario.

En ese intercambio se ordenó que un empleado “salga a recaudar” dinero y que otro trabajador se encargara de “borrar las cámaras”, mientras se indicaba a personal técnico que permaneciera fuera de la empresa.

La investigación también identifica a Agustín Maciel como quien ejecutó el borrado de los registros fílmicos, confirmando la hipótesis de la destrucción deliberada de pruebas. En paralelo, desde el área de Recursos Humanos se impartieron órdenes para ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas utilizados para registrar operaciones.

Otro punto clave del expediente es la aparición de cuadernos con anotaciones contables que no formaban parte de los registros oficiales. Chats entre empleadas revelan la preocupación por “dos cuadernos bien guardados”, lo que para la fiscalía constituye una prueba directa de contabilidad paralela y ocultamiento de información.

Las maniobras continuaron hasta el mismo día de los allanamientos, el 11 de diciembre, cuando se detectó el retiro de hardware y celulares del depósito de la empresa. Un llamado de un vecino alertó a la fiscalía sobre una “mudanza” apresurada hacia un galpón en Turdera, donde finalmente la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes.

Durante ese operativo, Micaela Sánchez fue detenida in fraganti intentando ocultar teléfonos celulares, junto a dos choferes de la firma. Como resultado, el 23 de diciembre el juez Armella dictó el procesamiento con prisión preventiva —bajo arresto domiciliario— de la tesorera y de los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, acusados de encubrimiento agravado.

Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron las acusaciones y sostienen que el empresario no dio órdenes para destruir pruebas. Argumentan que los empleados pudieron haber actuado por cuenta propia. No obstante, para la Justicia, el volumen de comunicaciones, la cadena de mando y la sincronización de las maniobras refuerzan la hipótesis de una estructura organizada.

La causa continúa avanzando con el análisis de más de 40 teléfonos celulares secuestrados y pone bajo la lupa una operatoria que incluiría préstamos simulados, movimientos millonarios de efectivo sin respaldo y el uso de monotributistas sin capacidad económica para justificar transacciones.