Mientras el Gobierno avanza con el proyecto de modernización laboral en el Congreso, los mandatarios provinciales convocaron a una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones para analizar alternativas que les permitan amortiguar el impacto fiscal.

En medio de las negociaciones políticas que impulsa la Casa Rosada para garantizar el respaldo parlamentario a la reforma laboral, los gobernadores comenzarán a mover su propia agenda. La semana próxima encabezarán una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con un eje central: cómo compensar la caída de recursos que sufrirían las provincias si se aprueban los cambios tributarios incluidos en el proyecto enviado por el Ejecutivo.

El foco del reclamo está puesto en el impacto fiscal que tendría la modificación del Impuesto a las Ganancias para las empresas, un tributo coparticipable que representa una porción clave de los ingresos provinciales. Según estimaciones que circulan entre los mandatarios, la pérdida podría rondar los cuatro puntos de recaudación, un golpe significativo en un contexto de desaceleración económica y caída del consumo.

El artículo más cuestionado de la iniciativa es el que propone una reducción escalonada de la alícuota del impuesto a las sociedades. La reforma plantea bajar del 30% al 27% en determinados tramos y del 35% al 31,5% en los segmentos de mayor facturación. De acuerdo con cálculos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo para las provincias superaría los $3 billones en concepto de coparticipación.

Frente a este escenario, los gobernadores buscan construir una posición común para negociar con el Gobierno nacional. La idea es consensuar un mecanismo de compensación que quede incorporado en la ley y que se aplique de manera uniforme en todo el país, con el objetivo de reducir la discrecionalidad en el reparto de fondos y limitar el peso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Entre las alternativas que se pondrán sobre la mesa figura la posibilidad de aplicar la rebaja impositiva de forma gradual, para evitar un impacto inmediato en las arcas provinciales. También se analiza postergar la entrada en vigencia de ese capítulo de la reforma hasta 2027, lo que permitiría ganar tiempo para ordenar las cuentas fiscales locales.

Otra opción que vuelve a discutirse es la modificación del esquema de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La propuesta contempla eliminar fideicomisos y redefinir el reparto del tributo, asignando una mayor proporción a las provincias y al sistema previsional, en detrimento del Tesoro nacional.

Las conversaciones ya comenzaron a tomar forma en encuentros bilaterales. En los últimos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes plantearon de manera directa su preocupación por el impacto fiscal de la reforma. Desde las provincias advierten que la caída del IVA y la merma en la actividad económica agravan el escenario.

En el Gobierno reconocen las tensiones, pero insisten en que la reforma laboral es una pieza clave de su estrategia para bajar impuestos y fomentar la inversión. La discusión continuará en paralelo entre el Congreso y las mesas políticas, con la expectativa de alcanzar un equilibrio entre la agenda de ajuste fiscal del Ejecutivo y las necesidades financieras de las provincias.