A su vez, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anticipó el impulso de una ley de amnistía general que beneficiaría a presos políticos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país. Durante el acto de apertura del año judicial, Rodríguez ordenó a la Asamblea Nacional que procese la iniciativa, la cual beneficiaría inicialmente a personas detenidas por razones políticas.

La funcionaria reveló que la decisión fue discutida con Nicolás Maduro antes de su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, y pidió que “nadie imponga la violencia o la venganza” en esta nueva etapa.

En un giro inesperado, la mandataria anunció que El Helicoide, centro de detención emblemático de la gestión chavista, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos.

Rodríguez también adelantó que la nueva normativa, que podría aprobarse en la primera semana de febrero, excluiría a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes. El anuncio se produce bajo una fuerte presión del gobierno de Donald Trump, quien condicionó la relación bilateral a la liberación de los denominados presos políticos.

La situación de los ciudadanos extranjeros, como los argentinos Nahuel Gallo (gendarme) y Germán Giuliani (abogado), volvió a cobrar relevancia tras el pedido de mediación de sus familiares ante la ONU. Aunque el gobierno venezolano reporta un proceso de excarcelaciones desde diciembre, las cifras son dispares: mientras el ministro Diosdado Cabello informó 808 liberaciones, organizaciones de derechos humanos solo han contabilizado 302.

En muchos casos, los beneficiarios mantienen restricciones como la prohibición de usar redes sociales o declarar a la prensa. Desde 2014, la ONG Foro Penal registró 18.824 detenciones por motivos políticos en Venezuela, con más de 11.000 personas aún sometidas a medidas