La cumbre prevista para este miércoles fue suspendida a último momento tras intensas gestiones políticas. En la Casa Rosada interpretaron el desenlace como una señal favorable en plena negociación legislativa.

La tensión política alrededor de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei sumó este martes un nuevo capítulo. La reunión de gobernadores prevista para el mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que tenía como objetivo consensuar reclamos vinculados al Impuesto a las Ganancias, fue suspendida horas antes de concretarse y dejó expuestas las dificultades de las provincias para articular una postura unificada frente al oficialismo.

El encuentro, que había sido convocado de manera informal por mandatarios del peronismo y algunos sectores dialoguistas, apuntaba a analizar el impacto fiscal del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, en especial la reducción de alícuotas que pagan las sociedades y el eventual efecto negativo sobre la recaudación provincial. Sin embargo, una serie de llamados y gestiones políticas terminó desactivando la foto que podía interpretarse como un gesto de presión directa sobre la Casa Rosada.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, el diputado Diego Santilli fue uno de los principales articuladores para frenar la reunión. Durante la noche del martes, mantuvo contactos con varios gobernadores considerados clave en el esquema de negociación, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de bajar el tono del conflicto y evitar un pronunciamiento conjunto que complique el tratamiento del proyecto en el Senado.

A esa dinámica se sumaron ausencias anticipadas que terminaron de vaciar la convocatoria. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) ya habían hecho saber que no participarían, mientras que otros mandatarios alegaron problemas de agenda o situaciones locales urgentes. En el caso de Torres, por ejemplo, su entorno explicó que estaba abocado al manejo de los incendios forestales en Chubut, mientras que Axel Kicillof tenía actividades previstas en el interior bonaerense.

Dentro del Gobierno nacional, la suspensión fue leída como una señal positiva. Funcionarios cercanos al presidente Milei interpretaron que, al menos por ahora, no habrá un bloque compacto de gobernadores dispuesto a confrontar abiertamente con la reforma laboral. De hecho, varios aliados del oficialismo —como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)— ya habían adelantado que no asistirían al CFI y trabajan en sintonía con la estrategia libertaria.

Uno de los movimientos que habría resultado determinante fue el diálogo entre el hombre del PRO y el gobernador pampeano Sergio Ziliotto. Tras ese intercambio, el propio mandatario relativizó el peso del capítulo de Ganancias dentro del proyecto y sostuvo que, si bien afecta a las provincias, no es el eje central de la discusión. Al mismo tiempo, reclamó que la reforma laboral tenga un debate más amplio y que incorpore la mirada de trabajadores y pymes, un planteo que busca correrse de una oposición frontal.

En paralelo, el Gobierno mantiene activa su agenda política. Para este mediodía está prevista una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, donde se hará un repaso fino del estado de las negociaciones en el Congreso. El foco estará puesto en la modernización laboral, que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto del Senado el próximo 11 de febrero.

En ese marco, la senadora y jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, expondrá ante la mesa chica del Gobierno un panorama actualizado sobre los apoyos y resistencias que enfrenta el proyecto. La estrategia libertaria apunta a detectar posibles puntos de conflicto y definir alternativas para evitar sorpresas en la votación.