La Justicia federal y el Gobierno confirmaron que el joven militar era víctima de un esquema de chantajes iniciado en una aplicación de citas. Hubo allanamientos, detenidos y una advertencia por el uso de celulares dentro de los penales.

La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, el granadero de 21 años que se quitó la vida mientras realizaba guardia en la Quinta Presidencial de Olivos, sumó un giro decisivo. El Gobierno nacional y la Justicia federal informaron que el joven había sido víctima de una organización dedicada a extorsiones virtuales que funcionaba desde cárceles bonaerenses mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.

El caso, que generó conmoción por tratarse de un integrante de la custodia militar del predio donde reside el presidente Javier Milei, derivó en una serie de operativos simultáneos y en la detención de varias personas.

La causa está a cargo del juzgado federal de San Isidro y permitió reconstruir una modalidad delictiva que, según las autoridades, afecta a numerosas víctimas en todo el país. Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones.

En este contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, confirmó los operativos y destacó que la organización operaba desde distintos penales del país mediante teléfonos celulares ingresados de manera ilegal.

La funcionaria sostuvo que el caso es “especialmente grave” por el posible vínculo con el suicidio del granadero ocurrido en la residencia presidencial de Olivos y aseguró que se reforzarán los controles dentro de las unidades penitenciarias.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo a lo anunciado por la funcionaria, el mecanismo comenzaba con la creación de perfiles falsos en plataformas de citas. A través de esos contactos, los estafadores generaban confianza con la víctima y luego simulaban que la persona con la que hablaban era menor de edad.

Tras ese primer paso aparecía una segunda etapa: la intimidación. Los delincuentes enviaban audios y mensajes agresivos en los que una supuesta madre denunciaba la situación. Minutos después, un falso policía se comunicaba para advertir que existía una causa judicial en trámite.

La extorsión consistía en exigir transferencias inmediatas de dinero para “evitar consecuencias penales”. Según los investigadores, la presión psicológica era constante y continuaba aun después de los primeros pagos, con nuevas exigencias económicas.

El dinero se derivaba a cuentas bancarias de terceros que actuaban como intermediarios y luego era redistribuido para dificultar su rastreo. Parte de la operatoria se coordinaba desde unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

El impacto en la víctima

Los peritajes y documentos incorporados al expediente permitieron establecer que Gómez atravesaba una fuerte presión financiera y emocional. En escritos encontrados tras su muerte, el joven mencionaba deudas y pagos vinculados a la maniobra, lo que para los investigadores resultó determinante para comprender el contexto previo al suicidio ocurrido en diciembre pasado.

A partir de esa evidencia se ordenaron escuchas telefónicas, análisis informáticos y seguimientos que culminaron con allanamientos en domicilios particulares y también dentro de los penales. En total hubo siete detenidos y el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

La advertencia sobre los celulares en las cárceles

Durante la presentación del caso, funcionarios nacionales y judiciales señalaron que el uso de teléfonos dentro de los establecimientos penitenciarios es un factor clave para este tipo de delitos. Según explicaron, los internos pueden operar redes sociales, aplicaciones de mensajería e incluso servicios bancarios, lo que facilita estafas complejas sin salir de prisión.

La investigación detectó múltiples líneas telefónicas activas dentro de unidades carcelarias, lo que evidenció que la operatoria no era aislada sino organizada. Los acusados que ya estaban detenidos fueron trasladados a dependencias federales bajo un régimen de mayor seguridad.

Las autoridades sostienen que la modalidad —conocida como “sextorsión”— se expandió en los últimos años y suele apuntar a jóvenes. La combinación de perfiles falsos, suplantación de identidad policial y amenazas judiciales provoca un alto nivel de angustia en las víctimas.

El caso del granadero puso el foco en la problemática porque ocurrió en un área de máxima seguridad institucional. Para los investigadores, la muerte del soldado no fue un hecho inexplicable sino la consecuencia de una presión económica y psicológica sistemática.

Además de las detenciones, se bloquearon cuentas bancarias y se iniciaron procesos penales por asociación ilícita, extorsión y estafas reiteradas. La causa continúa abierta y no descartan nuevas imputaciones.