El oficialismo logró media sanción tras introducir cambios y articular acuerdos con aliados y gobernadores. Casa Rosada busca cerrar la votación definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias para exhibir capacidad de gestión.

a media sanción de la reforma laboral y del Régimen Penal Juvenil marcaron un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei. No solo por el contenido de los proyectos, sino por la señal política que implica: el oficialismo mostró que está dispuesto a negociar, ceder y rediseñar su propia iniciativa con tal de garantizar resultados en el Congreso. La versión aprobada en el Senado dista de la propuesta original y refleja el costo de gobernar sin mayorías propias.

El debate en el Senado dejó en evidencia que la reforma fue producto de un proceso de acuerdos sucesivos. Gobernadores, bloques dialoguistas y sectores empresariales introdujeron cambios que moderaron algunos puntos sensibles. La iniciativa avanzó, pero lo hizo con artículos retocados y compromisos cruzados que revelan un oficialismo más pragmático que doctrinario.

El texto aprobado modifica aspectos centrales del régimen laboral: introduce esquemas alternativos de indemnización, promueve acuerdos por empresa, redefine criterios sobre multas y litigiosidad y amplía herramientas de contratación. El argumento oficial es que se busca reducir la informalidad y generar incentivos para el empleo registrado. Oposición y gremios, en cambio, advierten sobre una transferencia de riesgos hacia los trabajadores.

La ingeniería del voto: la trastienda política detrás de la reforma laboral

En paralelo, el Gobierno consolidó una mesa política que articula las negociaciones legislativas con mayor coordinación que en los primeros meses de gestión. Funcionarios del Ejecutivo y referentes parlamentarios de La Libertad Avanza trabajan en tándem con aliados circunstanciales para ordenar la agenda y administrar concesiones. La dinámica dejó atrás la etapa de confrontación pura y se orientó hacia la construcción de mayorías posibles.

La mesa política que sostuvo la negociación de la reforma combina distintos niveles de decisión y exposición: en el núcleo estratégico se mueven Karina Milei y el asesor Santiago Caputo; en la terminal parlamentaria operan Martín Menem, «Lule» Menem, Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, mientras que Manuel Adorni cumple la función de sostener la narrativa pública del proceso e Ignacio Devitt trabaja en la coordinación técnica y el seguimiento fino de los acuerdos. Diego Santilli, por su parte, coordinó los acuerdos con gobernadores.

Esa estrategia permitió encadenar otras victorias. El oficialismo también avanzó en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El mensaje hacia el mercado y hacia el sistema político es que la administración nacional puede convertir su agenda en leyes concretas.

Sin embargo, el éxito legislativo tiene matices. Cada concesión implicó resignar parte del diseño original. Algunos artículos fueron suavizados para satisfacer a gobernadores preocupados por el impacto en sus provincias. Otros cambios respondieron a presiones de sectores productivos que buscaban mayor previsibilidad jurídica. La reforma que obtuvo media sanción es, en definitiva, una síntesis entre ambición inicial y viabilidad parlamentaria.

El rol de los actores sindicales también fue determinante, aun desde la oposición frontal. La CGT desplegó presión pública y advertencias sobre el alcance de los cambios. Si bien no logró frenar el avance del proyecto, sí influyó en el clima político y en la necesidad de introducir ajustes para reducir costos de conflicto.

En ese marco, la Casa Rosada se fijó un objetivo concreto: lograr la aprobación definitiva de la reforma laboral antes del 1 de marzo, cuando Congreso inaugure el período de sesiones ordinarias. La apuesta es cerrar el debate en extraordinarias para evitar que la discusión quede atravesada por el discurso de apertura presidencial y por la dinámica propia de un año legislativo que se acelerará en términos políticos.

En la Cámara alta quedó expuesta una nueva lógica de poder: el oficialismo necesita negociar cada voto, pero logró ordenar esa negociación bajo un esquema relativamente estable. No se trata de una mayoría automática, sino de una coalición flexible que se activa según el tema en discusión. Esa modalidad exige coordinación permanente y disciplina interna.

El próximo desafío se traslada a la Cámara de Diputados, donde el equilibrio de fuerzas presenta otras complejidades. Allí volverán a discutirse artículos y podrían incorporarse nuevas modificaciones. La media sanción no garantiza el resultado final, pero sí otorga al Gobierno una posición fortalecida para encarar la segunda etapa.

En términos políticos, la reforma laboral funcionó como prueba de capacidad de gestión. El oficialismo demostró que puede adaptarse sin renunciar al núcleo de su programa. Al mismo tiempo, dejó abierta la incógnita sobre el impacto social de las medidas. La consolidación de una mesa política eficaz resuelve el corto plazo legislativo; el mediano plazo dependerá de si los cambios producen empleo y reducen la informalidad.

La discusión, en definitiva, trasciende el expediente parlamentario. Lo que está en juego es la redefinición del vínculo entre Estado, empresas y trabajadores. El Gobierno eligió avanzar aun a costa de negociar su propio texto. La oposición deberá decidir si se limita a la resistencia o si construye una alternativa coherente frente a una agenda reformista que, al menos en el Congreso, empieza a mostrar resultados concretos.