Las negociaciones con estatales y docentes suman tensión al escenario en los distritos. Amenazas de paros ponen en jaque el inicio de clases. Alarma tras la protesta de las fuerzas de seguridad en Santa Fe. Se suman focos en los sectores textil, avícola y viñatero.

Reforma laboral, paritarias y una inédita sublevación policial. El 2026 empezó con conflictos sociales en diversas provincias. Fue una semana de alto voltaje, donde se conjugaron aristas de corte nacional y local, que levantaron la temperatura en la calle, con movilizaciones gremiales, paros sectoriales y reclamos varios, apenas un botón de muestra del año complejo que se avecina.

El grueso de los gobernadores celebró la decisión de la gestión libertaria de retrotraer los cambios en el Impuesto a las Ganancias, un guiño que terminó por apuntalar la victoria violeta del Congreso. En el fondo, subyacía la batalla por fondos en plena flaqueza de las arcas distritales. «No estamos para resignar más dinero», había advertido el salteño Gustavo Sáenz, quien, una vez más, prestó votos para el oficialismo.

El link entre la pulseada con Nación y los reclamos salariales que se acumularon por estos días es directo.

En lo que va de febrero, la Casa Rosada no transfirió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los mandatarios. «Los envíos están directamente congelados. Hasta el día 11, inclusive, el número sigue estancado en $1.644 millones», graficó Politikon Chaco. Sí hubo, en cambio, un crecimiento de los giros por coparticipación federal: en los 12 días del mes, crecieron un 30,5% real contra el mismo periodo de 2025, mientras que la suba mensual fue del 87% (el fin de semana largo equilibrará la variación entre meses, aclaró la consultora).

Así las cosas, los caciques inician los rounds paritarios con el inicio del ciclo lectivo como deadline. Como contó Ámbito, solo cuatro provincias garantizarán un total de 190 días de clases este año. Eso siempre y cuando no arrecien medidas de fuerza de los educadores.

Conflicto policial en Santa Fe y temor a efecto contagio

La inédita sublevación policial en Santa Fe concentró la atención del país por casi dos días. El lunes a la noche estallaron protestas en distintos puntos de «la bota», luego de que un agente de 32 años que cursaba un tratamiento de salud mental se suicidara con su arma reglamentaria en la localidad de Vera. El hecho condensó una serie de reclamos pendientes entre los uniformados, que van desde la contención estatal hasta mejoras salariales, entre otros ítems.

La situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó impedir la salida de patrulleros en Rosario. La Infantería avanzó sobre ellos y se produjeron incidentes que derivaron en concentraciones todavía mayores. Durante el martes y miércoles, decenas de móviles hicieron sonar sus sirenas en la puerta de la Jefatura Unidad Regional II rosarina, una sorpresa con la que la administración de Maximiliano Pullaro no contaba.

Rápidamente se agitaron fantasmas de sucesos similares acontecidos recientemente. Por ejemplo, la sublevación de abril del 2024 en Misiones, que durante dos semanas mantuvo en jaque al gobernador Hugo Passalacqua. Más atrás en el tiempo emerge la fuerte imagen de la «Bonaerense» rodeando la quinta de Olivos en 2020, una puja que se saldó con la quita de puntos de coparticipación federal a CABA por parte de Alberto Fernández, dinero que Mauricio Macri le había adjudicado al distrito durante su presidencia.

Como primera medida, Pullaro aceitó los contactos con Nación para asegurar el patrullaje de fuerzas federales en el marco del Plan Bandera. Posteriormente, golpeó la mesa y pasó a disponibilidad a al menos 20 policías, que debieron entregar su arma y su chaleco antibalas. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fue el vocero oficial durante el conflicto. Sin gimnasia sindical, los uniformados padecieron en las primeras horas por la falta de interlocutores claros ante la provincia, hecho que se plasmó en dificultades para alcanzar acuerdos.

El miércoles fue el Día D. A la tarde, el gobernador rompió el silencio. Escoltado por Cococcioni y por el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado -a quien ratificó en el cargo-, anunció un básico de $1.350.000 para todos los agentes de la provincia, incluyendo al Servicio Penitenciario. A la vez, denunció una campaña de «desprestigio» encabezada por exfuncionarios apartados de la fuerza.

«Ya se van a saber algunas cosas. El reclamo es genuino. Argentina está mal hoy económicamente y la plata no alcanza y no va a alcanzar hasta que no haya crecimiento económico. Pero empezar a pretender socavar la relación de una política pública de seguridad que se mostró claramente exitosa en Rosario y Santa Fe. Son sectores que tienen otro tipo de intencionalidad», lanzó.

El aumento, junto con la marcha atrás de los pases a disponibilidad, desactivó la protesta aunque no pudo contra la sensación de una paz endeble. Un día después, Cococcioni desplazó al jefe de la Policía de Rosario, Guillermo Solari, asumido en noviembre, y nombró como reemplazante a Danilo Villán, quien ya ocupó el cargo en 2020, durante la gestión del peronista Omar Perotti. No sería extraño que en los próximos días otras provincias anuncien aumentos salariales para sus fuerzas, buscando desactivar un efecto contagio en las filas azules.

De todos modos, la pulseada santafesina no está cerrada. Ahora es el turno de los rounds con docentes y estatales, que mirarán con lupa las subas policiales. Ambos sectores dieron inicio a sus paritarias el pasado miércoles, sin acuerdo y con el compromiso de volver a reunirse la semana próxima. «Estamos perdiendo contra la inflación y quedando debajo de la línea de la pobreza. Pedimos un aumento del 33% y que los jubilados lo perciban de manera simultánea», afirmó Rodrigo Alonso, titular del gremio de educadores AMSAFE.

En la provincia de Buenos Aires, la situación subió de tono. El viernes, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) votó a favor de un paro de 24 horas para el 2 de marzo, que impediría el inicio de las clases. La FEB consideró «insuficiente» la oferta salarial de la administración de Axel Kicillof. La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector” y agregó que “hoy un Maestro de Grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.

Cabe destacar que el grueso de los gremios, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ya habían acordado con el gobierno. La pelota ahora está en despachos platenses, donde deberán evaluar si presentan una oferta superadora o juegan al desgaste. También hay pulseadas abiertas en Jujuy y Río Negro, mientras que Tucumán hará lo propio en los próximos días. En Corrientes, los sindicatos presionan por una convocatoria y amenazan con medidas de fuerza.

Marchas contra la reforma laboral

La reforma laboral, en tanto, fue el otro tema excluyente de la semana. Si bien el eje estuvo en el Congreso, la acción también se trasladó a las provincias, donde los gremios buscaron federalizar su oposición con movilizaciones y actividades. La decisión de la CGT de no llamar a un paro general causó malestar en distintos sectores -incluso en regionales de la central- que avanzaron con medidas autónomas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por ejemplo, cumplió una huelga de 24 horas.

Hubo, en los días previos, importantes marchas en Córdoba y, más recientemente, Rosario. Esta última tuvo lugar el martes pasado, en pleno conflicto policial, lo que transformó a la ciudad en una zona de alto voltaje. El mensaje de las agremiaciones no estuvo apuntado solo contra Javier Milei, sino también contra los gobernadores, a quienes buscó presionar para que no presten votos al proyecto. «Los gobernadores que avalen esta reforma estarán avalando su propia sentencia de muerte», advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Lejos de amainar, el plan de lucha continuará en pie al menos hasta que Diputados discuta el proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, entre otras agremiaciones, prepara otra concentración para el 26 de febrero, una de las fechas tentativas para que la Cámara baja sesione.

En la capital cordobesa, el malestar nacional se sumó al provincial. Los gremios están en pie de guerra con la administración de Martín Llaryora luego de que la Legislatura avalara la reforma previsional enviada por el mandatario. El miércoles la policía avanzó contra una marcha por las calles céntricas, episodio que terminó con un saldo de 30 heridos y al menos tres detenidos.

El 2026 también inició con focos de conflicto en los sectores vinícola, textil y avícola, actividades clave para provincias como Mendoza, Catamarca y Entre Ríos, respectivamente. Aunque de momento no pasaron a mayores ni derramaron sobre otros distritos, los gobernadores siguen con atención los acontecimientos, ante el temor de un resquebrajamiento de la paz social.